Las medidas de recuperación económica: Un debate entre la eficacia económica y la disputa de nuevos espacios de poder. Editorial

24-11-2009
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- La recuperación económica exige todo un conjunto de actuaciones para hacerse realidad, y constituye el punto central del debate político y de las preocupaciones sociales la concreción de las medidas que permita reorientar la economía española por la senda del crecimiento y el empleo. El punto de partida para fijar las medidas de recuperación exige analizar las causas de la crisis económica. Las causas de la crisis económica se vienen atribuyendo desde instancias públicas, ámbitos académicos y sujetos económicos a dos elementos que han concurrido, en una relación de interdependencia o retroalimentación: las crisis del sistema financiero y la crisis inmobiliaria. Son elementos decisivos de las causas de la crisis en la media que si ninguno de estos fenómenos económicos hubieran concurrido, no habría crisis, o al menos, no tendría las características tan marcadas como las que presenta en España, como pérdida de capacidad de crecimiento económico e incluso de recesión, e intensa pérdida de puestos de trabajo e imposibilidad de ocupar a la población activa. Pero tampoco la relativa simplificación del detonante de la crisis nos ofrece el camino inequívoco para buscar las soluciones, pues los efectos se han propagado al conjunto del sistema económico y productivo que obliga a precisar medidas que están dirigidas mucho más allá del sistema financiero o el sector de la construcción, aunque tampoco cabe desdeñar la relevancia que la reordenación de tales sectores tienen para la recuperación económica.

- Cuando se habla de cambio de modelo productivo, o de cambio de patrón de crecimiento, se está aludiendo, más que unas medidas concretas, al resultado de los cambios que han de tener en las características de la actividad económica, que van a influir tanto en el volumen de empleo, la calidad del mismo, el poder adquisitivo de los salarios, la capacidad de la economía en su conjunto para adaptarse a los cambios y para mantener tasas de crecimiento y riqueza que se consideran adecuadas, desde el punto de vista de la eficiencia económica o al menos social o ambiental, en función de cómo se defina el nuevo modelo productivo.

De esta forma, el cambio en las características del sistema productivo no es en si misma una medida, es la solución que se pretende conseguir. Pero aunque en si mismo no sea un elemento que nos determine que hacer de forma concreta, sirve para poner en evidencia que la trascendencia de los cambios que se precisan son de tal calado que han de afectar a las componentes básicos del sistema económico de nuestro país, y que han de ser capaces de reorientar nuevos sectores económicos y que vengan a demandar empleos de nueva factura, con exigencias de cualificación más intensas y con distinto componente en cuanto al valor de la productividad. También el debate sobre el cambio de modelo de crecimiento pone en evidencia que las medidas para la recuperación económica no pasan por volver a la situación anterior, sino que en particular el sector de la construcción, y otros sectores con escaso valor añadido, no pueden ser los elementos sobre los que gire la creación de riqueza y de empleo en nuestra economía.

Esto también tiene su precio. Apuntala la idea de que la crisis no es meramente coyuntural, ni siquiera que afecta a un concreto sector económico, como es la construcción, sino que presupone un defectuoso sistema económico, que se asienta en bases ineficientes para generar riqueza y empleo. El precio que hay que pagar es que si esto es así, el clima de desconfianza es capaz de limitar la adopción de nuevas decisiones de los sujetos económicos, y que atañen tanto a la inversión empresarial como a las decisiones personales de consumo. Podemos decir que uno de los aliados de la crisis es la propia representación de la misma.

Además, tiene el riesgo de reorientar el debate sobre aspectos que siendo determinantes en la configuración de las características del sistema productivo, sin embargo, pueden tener una potencialidad para salir de la crisis a corto y medio plazo mucho menor. Las decisiones exigen siempre la determinación de prioridades y las mejoras de su sistema productivo es una necesidad permanente de cualquier sistema económico, que alcanza estabilidad por la capacidad de adaptación permanente a los cambios, pero las exigencias precisas para sobreponerse a una situación tan concreta como la que presenta hoy la crisis económica en nuestro país, exigen medidas eficientes para ello, que igualmente van a repercutir en el cambio de modelo de crecimiento, pero no tienen que valorarse exclusivamente desde la perspectiva del cambio de modelo económico, sino igualmente por su capacidad para reactivar la inversión y la creación de empleo.

- En consecuencia, para salir de la crisis, recuperar las tasas de crecimiento económico y sobre todo, reducir el nivel de desempleo, es importante ponderar que factores son susceptibles de incidir en el cambio de la situación económica, o si se quiere, en el cambio de modelo de crecimiento y que grado de potencialidad pueden llegar a tener cada uno de ellos, para lo cual, es necesario un buen diagnóstico, y una buena determinación del margen de decisiones que se disponen para tomar determinadas medidas.

Las medidas que se pueden diseñar tienen una mayor o menor capacidad para incidir en los objetivos pretendidos, e igualmente, tiene una capacidad para producir efectos a un corto, medio o largo plazo. De tal forma que la evaluación de tales medidas no puede hacerse sino ponderando su eficiencia, definida por estos dos parámetros, y por los costes que representa su adopción, tanto de recursos públicos como privados y que siempre tienen un determinado coste de oportunidad. Del mismo modo, para juzgar la medida habrá que tener en cuenta la capacidad para evaluar los resultados que pueda tener, tanto por criterios numéricos como por aspectos no acotables de forma específica, pero en todo caso tangibles, dado que si una medida no es susceptible de traducirse en resultados concretos, su eficacia económica, al menos, puede resultar cuestionable, sin perjuicio de que pueda tener otros efectos más generales, y no menos desdeñables, de carácter social. Eficiencia productiva, eficacia temporal, costes de adopción y evaluación de resultados son los elementos que hay que usar para seleccionar las medidas que son susceptibles de integrarse en un plan para la recuperación económica.

- El ámbito de decisión resulta esencial en la eficacia de las medidas que se adopten, pero no se debe confundir el ámbito de decisión, con el ámbito en el han de operar. Todas esas medidas han de estar debidamente coordinadas, lo que es una idea implícita en la configuración del plan de recuperación, y sólo desde un ámbito de decisión con capacidad para asignar recursos es posible que se introduzcan los cambios necesarios, dado que se ha de tener capacidad para influir en el conjunto del sistema económico, y no por tanto a partir de un ámbito de actuación meramente sectorial o territorial. Pero ello no quiere decir que las medidas tengan que someterse a un control de eficacia vinculado a determinados sectores productivos o territoriales. Podría sostenerse que el sistema económico funciona como un organismo integrado, y que las decisiones eficaces son capaces de traducirse en el conjunto de nuestra económica, pero esto no es así. Precisamente el análisis de las características de la crisis nos tiene que dar la pauta sobre cuales son los sectores económicos más afectados, y los que han resultado más vulnerables, y que grado de distribución territorial presenta la crisis, pues el análisis territorial y el diseño de medidas de es ámbito son esenciales para poder incidir en la recuperación.

La crisis financiera si es internacional, pero los efectos de la crisis son locales, se especifican en cada país, y en cada país tienen características propias. No hace falta insistir que en España las cifras de producto interior bruto son similares, o incluso no tan malas como en otros países de ámbito comunitario, pero los efectos sociales y productivos de la crisis son específicos, materializándose en la inaceptable cifra de personas desempleadas, en cifras que se encaminan al 20% de la población activa. Pero incluso esa cifra no deja de ser una simplificación, dada la notable desigualdad que presenta el desempleo en las distintas comunidades autónomas, comarcas o entornos económicos locales, e incluso las diferencias que existen entre los factores causales de esas cifras de desempleo en los diferentes ámbitos. De igual forma que es erróneo pensar que en cada país las medidas han de ser las mismas, tampoco se observa en el conjunto de España una homogeneidad de los efectos de la crisis, seguramente vinculado a la diferente especialización productiva de cada ámbito territorial. Esta distribución territorial de la crisis resulta decisiva a la hora de diseñar medidas, del ámbito de decisión en el que se tienen que adoptar, del ámbito productivo y territorial en que el que han de operar, y permite ofrecer elementos de contraste para ponderar que modelo productivo resulta eficaz y factible.


- Las estrategias ante la crisis pasan por la adopción de medidas concretas, realizables, efectivas y evaluables. Con estos parámetros se pueden adoptar decisiones y priorizar la asignación de recursos, y nos ofrecen un punto de partida para abordar los grandes interrogantes que presenta la superación de la actual situación económica.

Entre las medidas que han de adoptarse necesariamente en un ámbito nacional, o incluso internacional, se encuentra las relativas a la recuperación de la eficacia del sistema financiero. La limitación de la financiación de los proyectos de inversión, y las dificultades en la dinámica de funcionamiento de las empresas ante la falta de liquidez se representa como uno de los factores causales que más está contribuyendo a limitar cualquier decisión de proyecto empresarial, y más grave aún, a comprometer la estabilidad financiera de empresas y de sectores económicos, en la medida que precisan recurrir a la financiación externa para poder continuar con el desempeño de su actividad, y en la medida que precisan del crédito de los consumidores para poder realizar una parte significativa de sus operaciones. Ya va siendo unánime la convicción de que es necesario que el crédito llegue a las familias y a las empresas, y que la estabilidad del sistema financiero, que es el principal compromiso de los gobiernos a escala internacional para hacer frente a la crisis, es necesaria, pero no suficiente, para la recuperación del conjunto de la economía, al menos de la española. También el sistema financiero ha de ser eficiente, y desempeñar adecuadamente las funciones esenciales que tiene atribuidas en la dinámica del sistema económico.

Seguramente la recuperación de la financiación sea la medida económica que más resultados directos pueda tener en la dinamización de la economía en la crisis actual, sabiendo igualmente que esta recuperación crediticia tiene dos condicionantes que impiden la vuelta al sistema anterior: la limitación de las aportaciones financieras internacionales, en la medida que el volumen de crédito que venía operando exigía continuas aportaciones de financiación provenientes del exterior, lo que no parece posible en el nuevo escenario internacional, al menos a corto plazo, y que la propia crisis ha movido las bases sobre las que se asientan la viabilidad de los nuevos proyectos empresariales, y no puede pedirse que el sistema financiero asuma riesgos que comprometan la eficiente asignación de recursos.

El campo de decisiones públicas sobre el sistema financiero es, incluso con estos condicionantes, amplísimo, habida cuenta de la intensa regulación al que está sometido, y que ahora se ha ampliado ante las enormes ayudas públicas que ha recibido para impedir su quiebra, lo que permite a los gobernantes disponer de un margen de decisión incluso más intenso del que existía con anterioridad a la crisis. Este debate no se ha abierto, y no es extraño que las autoridades reguladoras estén más interesadas en poner en marcha otras medidas supuestamente relacionadas con la recuperación económica, como los cambios en la legislación laboral, lo que es ya toda una declaración de su estrategia ante la crisis, basada en el liberalismo económico de una sola dirección, es decir, ayudas pública sin límites a favor del sistema financiero, pero ausencia de compromisos del sistema financiero en la recuperación económica. Este planteamiento es inaceptable, sobre todo cuando no es el resultado, más o menos discutible de un análisis, sino de un mero postulado ideológico, y mucho más profundo, de intereses corporativos y de sectores económicos con enorme poder de influencia. No deja de ser paradigmático de esta perversión de papeles que el organismo ordenador del sistema financiero dedique esfuerzos a ponderar la eficacia en la recuperación económica de la ordenación del despido, y prescinda de un análisis al respecto sobre la recuperación del crédito a las empresas y las familias, como algo distinto de la mera estabilidad económica de las corporaciones financieras.

El fenómeno económico y social de la crisis económica tiene una potencialidad extraordinaria para la adopción de decisiones de relevancia político-social, y no sólo no es descartable, sino que debería de haber resultado previsible, como se ha corroborado ya, que las soluciones a la crisis no se someten exclusivamente a un juicio de eficiencia para posibilitar la recuperación del empleo y el crecimiento sostenible desde las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Como toda decisión política, está sometida a las influencias de los grupos de presión que pretenden obtener lo que gráficamente se vienen llamando el “aprovecharse de la crisis”, lo que permite ofrecer una plataforma de expresión de los intereses corporativos que ahora se justifican con tal de que se conecten con la eficacia económica, o al menos se presenten como tales. La recuperación de la crisis es una nueva vía de legitimación de postulados que en otro contexto se podrían considerar inasumibles o que tendría un elevado coste social.

El debate sobre la reforma del mercado laboral ha estado presidido por estos elementos, y las organizaciones empresariales han planteado sus exigencias con el argumento fuerza de que son, ahora, más necesarias que nunca para salir de la crisis. La flexibilidad en el despido, la ausencia de derechos laborales a la estabilidad en el empleo, el control empresarial sobre las incapacidades, la reducción de las cotizaciones sociales, al margen del efecto que tengan sobre la viabilidad del sistema público de Seguridad Social, son elementos que se han presentado como recetas para salir de la crisis, aunque para ello no se haya utilizado ninguna metodología económica para justificar su eficiencia, más allá del apoyo institucional ofrecido desde la dirección del Banco de España, de organizaciones neoliberales de componente internacional, y de ciertos sectores del Ministerio de Economía. Ahora los grupos de la oposición política han acogido esa bandera, y preconizan que la reforma laboral es lo prioritario. Sólo queda por ver la postura definitiva del Gobierno. España tiene la mayor tasa de paro de nuestro entorno europeo. Seguramente estos protagonistas de nuestro marco institucional tienen un componente explicativo nada desdeñable.
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Poder de clase en España. Vicenç Navarro

Este artículo contrasta los derechos laborales en Dinamarca con los existentes en España, señalando que el excesivo poder de la patronal explica la escasa protección social y limitada eficiencia económica existente en España.

10-11-2009 - Dos hechos ocurridos estos días (hechos que pasaron desapercibidos en los medios de información de mayor difusión del país) muestran lo retrasada que está España en su sensibilidad laboral y social. O dicho de otra manera, estos hechos documentan lo enormemente poderoso que es el mundo empresarial en nuestro país. Veamos.

El primer hecho es la decisión del National Board of Industrial Injuries (el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social) de Dinamarca, el cual ha decidido dar indemnizaciones a las mujeres con cáncer de mama, que lo hayan tenido como consecuencia de trabajar durante muchos años en turnos de noche, una condición laboral que se considera de alto riesgo para desarrollar tal enfermedad. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente entre mujeres de 40 a 55 años, y representa el 45% de todos los cánceres que sufren las mujeres. En Dinamarca, una mujer con cáncer de mama, y que haya trabajado durante un largo periodo de su vida laboral en turnos de noche, y no tenga otros factores de riesgo que puedan haberle causado el cáncer, recibe automáticamente tal indemnización.

No así en España, donde tal causa de cáncer no es ni siquiera reconocida. Es más, aunque lo estuviera, el proceso que decide sobre indemnizaciones a los trabajadores que han enfermado por causas laborales es extremadamente favorable al mundo empresarial, el cual controla las Mutuas Laborales, las cuales usan todo tipo de intervenciones legales, habidas y por haber, exigiendo pruebas imposibles de proveer, para negar las indemnizaciones a los pacientes o a sus familiares. Cualquier médico que haya aportado evidencia a favor de sus pacientes en los tribunales sabe lo costoso, difícil, extenuante e injusto que es el sistema legal español, sesgado en contra del trabajador (que contrajo la enfermedad laboral) y a favor del mundo empresarial.

Prueba de lo que digo es el segundo caso al cual quiero hacer referencia. Mientras el Instituto Nacional de Seguridad Social de Dinamarca daba automáticamente la indemnización a 38 trabajadoras con cáncer de mama, que habían trabajado en turnos nocturnos más de veinte años, sin que tuvieran otros factores de riesgo, un Juzgado de lo Social (que decide en casos laborales) en Huesca, fallaba en contra de un trabajador que había contraído cáncer de páncreas como resultado de haber estado trabajando veinte años con compuestos químicos organoclonados, que se conoce causan este tipo de cáncer. Varios expertos declararon que las causas más importantes de este tipo de cáncer son el tabaco, la diabetes y la exposición a tales sustancias químicas. El paciente, el obrero Fernando Martínez (que falleció este junio), no fumaba, no tenía diabetes, ni ninguna otra condición que pudiera haberle causado tal tipo de cáncer. La causa era haber estado expuesto a estas sustancias químicas sin ninguna protección (que la empresa no proveyó). Ello no le fue suficiente a la juez titular del Juzgado Social de Huesca, que negó que la Mutua Laboral debiera proveer indemnización al Sr. Martínez pues, aunque estuviera expuesto a una sustancia que podía haberle causado tal cáncer, no había evidencia de causa directa y exclusiva, siendo razonable –dijo la juez- que una persona, en ausencia de una relación de causa-efecto, pudiera tener dudas sobre el caso. Es más, en España no se reconocía el cáncer de páncreas como posible enfermedad laboral. Y así terminó el caso.

Varias conclusiones se derivan de estos hechos (narrados por Berta Chulvi, Neus Moreno y Benito Carrera en la Revista de Salud Laboral de CCOO, uno de los forums más creíbles en cuanto a condiciones laborales en España). Una, es el enorme poder de la patronal en España y el sesgo sistemático y sistémico de los tribunales, llamados de justicia, a favor de la patronal. Es una situación que debiera indignar a cualquier persona con sensibilidad democrática. La transición inmodélica que tuvimos en España significó un cambio de una dictadura (enormemente favorable a la clase empresarial) a un sistema democrático sumamente insuficiente, en que tal poder de clase se muestra en la gran desprotección de la clase trabajadora, desprotección que se reproduce en los tribunales.

La segunda conclusión es que este excesivo poder de la clase empresarial interfiere en la eficiencia de la economía española. Dinamarca, como los otros países nórdicos de tradición socialdemócrata (en este momento Dinamarca está gobernada por una coalición de partidos conservadores y liberales que han respetado las conquistas sociales adquiridas durante muchos años de gobierno socialdemócrata), es uno de los países que ofrece mayor protección y seguridad al trabajador, siendo, a la vez, uno de los países con mayor eficiencia económica. Incluso Davos (el Vaticano liberal) así lo reconoce. Tales países están entre los que tienen mayor eficiencia económica, y mayor flexibilidad laboral. La famosa flexiseguridad se inventó en Dinamarca. En aquel sistema, el trabajador y los sindicatos que les representan colaboran en flexibilizar el mercado de trabajo. Y lo hacen porque tal flexibilidad no afecta a su seguridad y protección social. El gasto público social (30% del PIB) y la legislación laboral protegen al trabajador. Aquí en España (el gasto en protección social es el 19% del PIB), el excesivo poder empresarial, mal acostumbrado al régimen dictatorial, quiere imponer la flexibilidad a base de desregular y empobrecer el mercado de trabajo, haciéndole incluso difícil al trabajador el recibir compensación por un daño que, en la mayoría de casos, se debe a la negligencia empresarial. El contraste entre los dos casos que cito en este artículo es abrumador y ofende a cualquier persona que haya luchado por tener un país más justo y democrático del que tenemos.

Y una tercera consecuencia es la escasa visibilidad mediática que tienen estos temas laborales, reflejo de un excesivo poder empresarial. Los medios de mayor difusión en el país ignoran estas realidades que alcanzan niveles de crueldad.

Vicenç Navarro

Manifiesto del mundo de la cultura: "Otra política y otros valores para salir de la crisis"

Después de dos años de una crisis que ha creado millones de desempleados y ha provocado que el número de personas hambrientas y desnutridas en el mundo alcance un nuevo récord, están bien claras las causas de esta grave situación.Dejar en plena libertad a los capitales financieros y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis recurrentes.

Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.

Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.

Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente. Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto "derrame" que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.

Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.

Por eso la crisis económica que vivimos es sobre todo una crisis política y cultural y ecosistémica.

Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.

Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política. Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades. Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.

Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos. La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro. Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras.Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.

Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad. Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.

Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.

Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la producción y el consumo sostenibles.

Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.

Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.

Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.

Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.

Frente a la soledad social, la pobreza y el egoísmo, una respuesta progresista supone apostar por los valores culturales de la solidaridad, que no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra de la dignidad cívica de los sentimientos humanos.