24-11-2009
==================================================================
- La recuperación económica exige todo un conjunto de actuaciones para hacerse realidad, y constituye el punto central del debate político y de las preocupaciones sociales la concreción de las medidas que permita reorientar la economía española por la senda del crecimiento y el empleo. El punto de partida para fijar las medidas de recuperación exige analizar las causas de la crisis económica. Las causas de la crisis económica se vienen atribuyendo desde instancias públicas, ámbitos académicos y sujetos económicos a dos elementos que han concurrido, en una relación de interdependencia o retroalimentación: las crisis del sistema financiero y la crisis inmobiliaria. Son elementos decisivos de las causas de la crisis en la media que si ninguno de estos fenómenos económicos hubieran concurrido, no habría crisis, o al menos, no tendría las características tan marcadas como las que presenta en España, como pérdida de capacidad de crecimiento económico e incluso de recesión, e intensa pérdida de puestos de trabajo e imposibilidad de ocupar a la población activa. Pero tampoco la relativa simplificación del detonante de la crisis nos ofrece el camino inequívoco para buscar las soluciones, pues los efectos se han propagado al conjunto del sistema económico y productivo que obliga a precisar medidas que están dirigidas mucho más allá del sistema financiero o el sector de la construcción, aunque tampoco cabe desdeñar la relevancia que la reordenación de tales sectores tienen para la recuperación económica.
- Cuando se habla de cambio de modelo productivo, o de cambio de patrón de crecimiento, se está aludiendo, más que unas medidas concretas, al resultado de los cambios que han de tener en las características de la actividad económica, que van a influir tanto en el volumen de empleo, la calidad del mismo, el poder adquisitivo de los salarios, la capacidad de la economía en su conjunto para adaptarse a los cambios y para mantener tasas de crecimiento y riqueza que se consideran adecuadas, desde el punto de vista de la eficiencia económica o al menos social o ambiental, en función de cómo se defina el nuevo modelo productivo.
De esta forma, el cambio en las características del sistema productivo no es en si misma una medida, es la solución que se pretende conseguir. Pero aunque en si mismo no sea un elemento que nos determine que hacer de forma concreta, sirve para poner en evidencia que la trascendencia de los cambios que se precisan son de tal calado que han de afectar a las componentes básicos del sistema económico de nuestro país, y que han de ser capaces de reorientar nuevos sectores económicos y que vengan a demandar empleos de nueva factura, con exigencias de cualificación más intensas y con distinto componente en cuanto al valor de la productividad. También el debate sobre el cambio de modelo de crecimiento pone en evidencia que las medidas para la recuperación económica no pasan por volver a la situación anterior, sino que en particular el sector de la construcción, y otros sectores con escaso valor añadido, no pueden ser los elementos sobre los que gire la creación de riqueza y de empleo en nuestra economía.
Esto también tiene su precio. Apuntala la idea de que la crisis no es meramente coyuntural, ni siquiera que afecta a un concreto sector económico, como es la construcción, sino que presupone un defectuoso sistema económico, que se asienta en bases ineficientes para generar riqueza y empleo. El precio que hay que pagar es que si esto es así, el clima de desconfianza es capaz de limitar la adopción de nuevas decisiones de los sujetos económicos, y que atañen tanto a la inversión empresarial como a las decisiones personales de consumo. Podemos decir que uno de los aliados de la crisis es la propia representación de la misma.
Además, tiene el riesgo de reorientar el debate sobre aspectos que siendo determinantes en la configuración de las características del sistema productivo, sin embargo, pueden tener una potencialidad para salir de la crisis a corto y medio plazo mucho menor. Las decisiones exigen siempre la determinación de prioridades y las mejoras de su sistema productivo es una necesidad permanente de cualquier sistema económico, que alcanza estabilidad por la capacidad de adaptación permanente a los cambios, pero las exigencias precisas para sobreponerse a una situación tan concreta como la que presenta hoy la crisis económica en nuestro país, exigen medidas eficientes para ello, que igualmente van a repercutir en el cambio de modelo de crecimiento, pero no tienen que valorarse exclusivamente desde la perspectiva del cambio de modelo económico, sino igualmente por su capacidad para reactivar la inversión y la creación de empleo.
- En consecuencia, para salir de la crisis, recuperar las tasas de crecimiento económico y sobre todo, reducir el nivel de desempleo, es importante ponderar que factores son susceptibles de incidir en el cambio de la situación económica, o si se quiere, en el cambio de modelo de crecimiento y que grado de potencialidad pueden llegar a tener cada uno de ellos, para lo cual, es necesario un buen diagnóstico, y una buena determinación del margen de decisiones que se disponen para tomar determinadas medidas.
Las medidas que se pueden diseñar tienen una mayor o menor capacidad para incidir en los objetivos pretendidos, e igualmente, tiene una capacidad para producir efectos a un corto, medio o largo plazo. De tal forma que la evaluación de tales medidas no puede hacerse sino ponderando su eficiencia, definida por estos dos parámetros, y por los costes que representa su adopción, tanto de recursos públicos como privados y que siempre tienen un determinado coste de oportunidad. Del mismo modo, para juzgar la medida habrá que tener en cuenta la capacidad para evaluar los resultados que pueda tener, tanto por criterios numéricos como por aspectos no acotables de forma específica, pero en todo caso tangibles, dado que si una medida no es susceptible de traducirse en resultados concretos, su eficacia económica, al menos, puede resultar cuestionable, sin perjuicio de que pueda tener otros efectos más generales, y no menos desdeñables, de carácter social. Eficiencia productiva, eficacia temporal, costes de adopción y evaluación de resultados son los elementos que hay que usar para seleccionar las medidas que son susceptibles de integrarse en un plan para la recuperación económica.
- El ámbito de decisión resulta esencial en la eficacia de las medidas que se adopten, pero no se debe confundir el ámbito de decisión, con el ámbito en el han de operar. Todas esas medidas han de estar debidamente coordinadas, lo que es una idea implícita en la configuración del plan de recuperación, y sólo desde un ámbito de decisión con capacidad para asignar recursos es posible que se introduzcan los cambios necesarios, dado que se ha de tener capacidad para influir en el conjunto del sistema económico, y no por tanto a partir de un ámbito de actuación meramente sectorial o territorial. Pero ello no quiere decir que las medidas tengan que someterse a un control de eficacia vinculado a determinados sectores productivos o territoriales. Podría sostenerse que el sistema económico funciona como un organismo integrado, y que las decisiones eficaces son capaces de traducirse en el conjunto de nuestra económica, pero esto no es así. Precisamente el análisis de las características de la crisis nos tiene que dar la pauta sobre cuales son los sectores económicos más afectados, y los que han resultado más vulnerables, y que grado de distribución territorial presenta la crisis, pues el análisis territorial y el diseño de medidas de es ámbito son esenciales para poder incidir en la recuperación.
La crisis financiera si es internacional, pero los efectos de la crisis son locales, se especifican en cada país, y en cada país tienen características propias. No hace falta insistir que en España las cifras de producto interior bruto son similares, o incluso no tan malas como en otros países de ámbito comunitario, pero los efectos sociales y productivos de la crisis son específicos, materializándose en la inaceptable cifra de personas desempleadas, en cifras que se encaminan al 20% de la población activa. Pero incluso esa cifra no deja de ser una simplificación, dada la notable desigualdad que presenta el desempleo en las distintas comunidades autónomas, comarcas o entornos económicos locales, e incluso las diferencias que existen entre los factores causales de esas cifras de desempleo en los diferentes ámbitos. De igual forma que es erróneo pensar que en cada país las medidas han de ser las mismas, tampoco se observa en el conjunto de España una homogeneidad de los efectos de la crisis, seguramente vinculado a la diferente especialización productiva de cada ámbito territorial. Esta distribución territorial de la crisis resulta decisiva a la hora de diseñar medidas, del ámbito de decisión en el que se tienen que adoptar, del ámbito productivo y territorial en que el que han de operar, y permite ofrecer elementos de contraste para ponderar que modelo productivo resulta eficaz y factible.
- Las estrategias ante la crisis pasan por la adopción de medidas concretas, realizables, efectivas y evaluables. Con estos parámetros se pueden adoptar decisiones y priorizar la asignación de recursos, y nos ofrecen un punto de partida para abordar los grandes interrogantes que presenta la superación de la actual situación económica.
Entre las medidas que han de adoptarse necesariamente en un ámbito nacional, o incluso internacional, se encuentra las relativas a la recuperación de la eficacia del sistema financiero. La limitación de la financiación de los proyectos de inversión, y las dificultades en la dinámica de funcionamiento de las empresas ante la falta de liquidez se representa como uno de los factores causales que más está contribuyendo a limitar cualquier decisión de proyecto empresarial, y más grave aún, a comprometer la estabilidad financiera de empresas y de sectores económicos, en la medida que precisan recurrir a la financiación externa para poder continuar con el desempeño de su actividad, y en la medida que precisan del crédito de los consumidores para poder realizar una parte significativa de sus operaciones. Ya va siendo unánime la convicción de que es necesario que el crédito llegue a las familias y a las empresas, y que la estabilidad del sistema financiero, que es el principal compromiso de los gobiernos a escala internacional para hacer frente a la crisis, es necesaria, pero no suficiente, para la recuperación del conjunto de la economía, al menos de la española. También el sistema financiero ha de ser eficiente, y desempeñar adecuadamente las funciones esenciales que tiene atribuidas en la dinámica del sistema económico.
Seguramente la recuperación de la financiación sea la medida económica que más resultados directos pueda tener en la dinamización de la economía en la crisis actual, sabiendo igualmente que esta recuperación crediticia tiene dos condicionantes que impiden la vuelta al sistema anterior: la limitación de las aportaciones financieras internacionales, en la medida que el volumen de crédito que venía operando exigía continuas aportaciones de financiación provenientes del exterior, lo que no parece posible en el nuevo escenario internacional, al menos a corto plazo, y que la propia crisis ha movido las bases sobre las que se asientan la viabilidad de los nuevos proyectos empresariales, y no puede pedirse que el sistema financiero asuma riesgos que comprometan la eficiente asignación de recursos.
El campo de decisiones públicas sobre el sistema financiero es, incluso con estos condicionantes, amplísimo, habida cuenta de la intensa regulación al que está sometido, y que ahora se ha ampliado ante las enormes ayudas públicas que ha recibido para impedir su quiebra, lo que permite a los gobernantes disponer de un margen de decisión incluso más intenso del que existía con anterioridad a la crisis. Este debate no se ha abierto, y no es extraño que las autoridades reguladoras estén más interesadas en poner en marcha otras medidas supuestamente relacionadas con la recuperación económica, como los cambios en la legislación laboral, lo que es ya toda una declaración de su estrategia ante la crisis, basada en el liberalismo económico de una sola dirección, es decir, ayudas pública sin límites a favor del sistema financiero, pero ausencia de compromisos del sistema financiero en la recuperación económica. Este planteamiento es inaceptable, sobre todo cuando no es el resultado, más o menos discutible de un análisis, sino de un mero postulado ideológico, y mucho más profundo, de intereses corporativos y de sectores económicos con enorme poder de influencia. No deja de ser paradigmático de esta perversión de papeles que el organismo ordenador del sistema financiero dedique esfuerzos a ponderar la eficacia en la recuperación económica de la ordenación del despido, y prescinda de un análisis al respecto sobre la recuperación del crédito a las empresas y las familias, como algo distinto de la mera estabilidad económica de las corporaciones financieras.
El fenómeno económico y social de la crisis económica tiene una potencialidad extraordinaria para la adopción de decisiones de relevancia político-social, y no sólo no es descartable, sino que debería de haber resultado previsible, como se ha corroborado ya, que las soluciones a la crisis no se someten exclusivamente a un juicio de eficiencia para posibilitar la recuperación del empleo y el crecimiento sostenible desde las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Como toda decisión política, está sometida a las influencias de los grupos de presión que pretenden obtener lo que gráficamente se vienen llamando el “aprovecharse de la crisis”, lo que permite ofrecer una plataforma de expresión de los intereses corporativos que ahora se justifican con tal de que se conecten con la eficacia económica, o al menos se presenten como tales. La recuperación de la crisis es una nueva vía de legitimación de postulados que en otro contexto se podrían considerar inasumibles o que tendría un elevado coste social.
El debate sobre la reforma del mercado laboral ha estado presidido por estos elementos, y las organizaciones empresariales han planteado sus exigencias con el argumento fuerza de que son, ahora, más necesarias que nunca para salir de la crisis. La flexibilidad en el despido, la ausencia de derechos laborales a la estabilidad en el empleo, el control empresarial sobre las incapacidades, la reducción de las cotizaciones sociales, al margen del efecto que tengan sobre la viabilidad del sistema público de Seguridad Social, son elementos que se han presentado como recetas para salir de la crisis, aunque para ello no se haya utilizado ninguna metodología económica para justificar su eficiencia, más allá del apoyo institucional ofrecido desde la dirección del Banco de España, de organizaciones neoliberales de componente internacional, y de ciertos sectores del Ministerio de Economía. Ahora los grupos de la oposición política han acogido esa bandera, y preconizan que la reforma laboral es lo prioritario. Sólo queda por ver la postura definitiva del Gobierno. España tiene la mayor tasa de paro de nuestro entorno europeo. Seguramente estos protagonistas de nuestro marco institucional tienen un componente explicativo nada desdeñable.
** *** **
24.11.09
10.11.09
Poder de clase en España. Vicenç Navarro
Este artículo contrasta los derechos laborales en Dinamarca con los existentes en España, señalando que el excesivo poder de la patronal explica la escasa protección social y limitada eficiencia económica existente en España.
10-11-2009 - Dos hechos ocurridos estos días (hechos que pasaron desapercibidos en los medios de información de mayor difusión del país) muestran lo retrasada que está España en su sensibilidad laboral y social. O dicho de otra manera, estos hechos documentan lo enormemente poderoso que es el mundo empresarial en nuestro país. Veamos.
El primer hecho es la decisión del National Board of Industrial Injuries (el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social) de Dinamarca, el cual ha decidido dar indemnizaciones a las mujeres con cáncer de mama, que lo hayan tenido como consecuencia de trabajar durante muchos años en turnos de noche, una condición laboral que se considera de alto riesgo para desarrollar tal enfermedad. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente entre mujeres de 40 a 55 años, y representa el 45% de todos los cánceres que sufren las mujeres. En Dinamarca, una mujer con cáncer de mama, y que haya trabajado durante un largo periodo de su vida laboral en turnos de noche, y no tenga otros factores de riesgo que puedan haberle causado el cáncer, recibe automáticamente tal indemnización.
No así en España, donde tal causa de cáncer no es ni siquiera reconocida. Es más, aunque lo estuviera, el proceso que decide sobre indemnizaciones a los trabajadores que han enfermado por causas laborales es extremadamente favorable al mundo empresarial, el cual controla las Mutuas Laborales, las cuales usan todo tipo de intervenciones legales, habidas y por haber, exigiendo pruebas imposibles de proveer, para negar las indemnizaciones a los pacientes o a sus familiares. Cualquier médico que haya aportado evidencia a favor de sus pacientes en los tribunales sabe lo costoso, difícil, extenuante e injusto que es el sistema legal español, sesgado en contra del trabajador (que contrajo la enfermedad laboral) y a favor del mundo empresarial.
Prueba de lo que digo es el segundo caso al cual quiero hacer referencia. Mientras el Instituto Nacional de Seguridad Social de Dinamarca daba automáticamente la indemnización a 38 trabajadoras con cáncer de mama, que habían trabajado en turnos nocturnos más de veinte años, sin que tuvieran otros factores de riesgo, un Juzgado de lo Social (que decide en casos laborales) en Huesca, fallaba en contra de un trabajador que había contraído cáncer de páncreas como resultado de haber estado trabajando veinte años con compuestos químicos organoclonados, que se conoce causan este tipo de cáncer. Varios expertos declararon que las causas más importantes de este tipo de cáncer son el tabaco, la diabetes y la exposición a tales sustancias químicas. El paciente, el obrero Fernando Martínez (que falleció este junio), no fumaba, no tenía diabetes, ni ninguna otra condición que pudiera haberle causado tal tipo de cáncer. La causa era haber estado expuesto a estas sustancias químicas sin ninguna protección (que la empresa no proveyó). Ello no le fue suficiente a la juez titular del Juzgado Social de Huesca, que negó que la Mutua Laboral debiera proveer indemnización al Sr. Martínez pues, aunque estuviera expuesto a una sustancia que podía haberle causado tal cáncer, no había evidencia de causa directa y exclusiva, siendo razonable –dijo la juez- que una persona, en ausencia de una relación de causa-efecto, pudiera tener dudas sobre el caso. Es más, en España no se reconocía el cáncer de páncreas como posible enfermedad laboral. Y así terminó el caso.
Varias conclusiones se derivan de estos hechos (narrados por Berta Chulvi, Neus Moreno y Benito Carrera en la Revista de Salud Laboral de CCOO, uno de los forums más creíbles en cuanto a condiciones laborales en España). Una, es el enorme poder de la patronal en España y el sesgo sistemático y sistémico de los tribunales, llamados de justicia, a favor de la patronal. Es una situación que debiera indignar a cualquier persona con sensibilidad democrática. La transición inmodélica que tuvimos en España significó un cambio de una dictadura (enormemente favorable a la clase empresarial) a un sistema democrático sumamente insuficiente, en que tal poder de clase se muestra en la gran desprotección de la clase trabajadora, desprotección que se reproduce en los tribunales.
La segunda conclusión es que este excesivo poder de la clase empresarial interfiere en la eficiencia de la economía española. Dinamarca, como los otros países nórdicos de tradición socialdemócrata (en este momento Dinamarca está gobernada por una coalición de partidos conservadores y liberales que han respetado las conquistas sociales adquiridas durante muchos años de gobierno socialdemócrata), es uno de los países que ofrece mayor protección y seguridad al trabajador, siendo, a la vez, uno de los países con mayor eficiencia económica. Incluso Davos (el Vaticano liberal) así lo reconoce. Tales países están entre los que tienen mayor eficiencia económica, y mayor flexibilidad laboral. La famosa flexiseguridad se inventó en Dinamarca. En aquel sistema, el trabajador y los sindicatos que les representan colaboran en flexibilizar el mercado de trabajo. Y lo hacen porque tal flexibilidad no afecta a su seguridad y protección social. El gasto público social (30% del PIB) y la legislación laboral protegen al trabajador. Aquí en España (el gasto en protección social es el 19% del PIB), el excesivo poder empresarial, mal acostumbrado al régimen dictatorial, quiere imponer la flexibilidad a base de desregular y empobrecer el mercado de trabajo, haciéndole incluso difícil al trabajador el recibir compensación por un daño que, en la mayoría de casos, se debe a la negligencia empresarial. El contraste entre los dos casos que cito en este artículo es abrumador y ofende a cualquier persona que haya luchado por tener un país más justo y democrático del que tenemos.
Y una tercera consecuencia es la escasa visibilidad mediática que tienen estos temas laborales, reflejo de un excesivo poder empresarial. Los medios de mayor difusión en el país ignoran estas realidades que alcanzan niveles de crueldad.
Vicenç Navarro
10-11-2009 - Dos hechos ocurridos estos días (hechos que pasaron desapercibidos en los medios de información de mayor difusión del país) muestran lo retrasada que está España en su sensibilidad laboral y social. O dicho de otra manera, estos hechos documentan lo enormemente poderoso que es el mundo empresarial en nuestro país. Veamos.
El primer hecho es la decisión del National Board of Industrial Injuries (el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social) de Dinamarca, el cual ha decidido dar indemnizaciones a las mujeres con cáncer de mama, que lo hayan tenido como consecuencia de trabajar durante muchos años en turnos de noche, una condición laboral que se considera de alto riesgo para desarrollar tal enfermedad. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente entre mujeres de 40 a 55 años, y representa el 45% de todos los cánceres que sufren las mujeres. En Dinamarca, una mujer con cáncer de mama, y que haya trabajado durante un largo periodo de su vida laboral en turnos de noche, y no tenga otros factores de riesgo que puedan haberle causado el cáncer, recibe automáticamente tal indemnización.
No así en España, donde tal causa de cáncer no es ni siquiera reconocida. Es más, aunque lo estuviera, el proceso que decide sobre indemnizaciones a los trabajadores que han enfermado por causas laborales es extremadamente favorable al mundo empresarial, el cual controla las Mutuas Laborales, las cuales usan todo tipo de intervenciones legales, habidas y por haber, exigiendo pruebas imposibles de proveer, para negar las indemnizaciones a los pacientes o a sus familiares. Cualquier médico que haya aportado evidencia a favor de sus pacientes en los tribunales sabe lo costoso, difícil, extenuante e injusto que es el sistema legal español, sesgado en contra del trabajador (que contrajo la enfermedad laboral) y a favor del mundo empresarial.
Prueba de lo que digo es el segundo caso al cual quiero hacer referencia. Mientras el Instituto Nacional de Seguridad Social de Dinamarca daba automáticamente la indemnización a 38 trabajadoras con cáncer de mama, que habían trabajado en turnos nocturnos más de veinte años, sin que tuvieran otros factores de riesgo, un Juzgado de lo Social (que decide en casos laborales) en Huesca, fallaba en contra de un trabajador que había contraído cáncer de páncreas como resultado de haber estado trabajando veinte años con compuestos químicos organoclonados, que se conoce causan este tipo de cáncer. Varios expertos declararon que las causas más importantes de este tipo de cáncer son el tabaco, la diabetes y la exposición a tales sustancias químicas. El paciente, el obrero Fernando Martínez (que falleció este junio), no fumaba, no tenía diabetes, ni ninguna otra condición que pudiera haberle causado tal tipo de cáncer. La causa era haber estado expuesto a estas sustancias químicas sin ninguna protección (que la empresa no proveyó). Ello no le fue suficiente a la juez titular del Juzgado Social de Huesca, que negó que la Mutua Laboral debiera proveer indemnización al Sr. Martínez pues, aunque estuviera expuesto a una sustancia que podía haberle causado tal cáncer, no había evidencia de causa directa y exclusiva, siendo razonable –dijo la juez- que una persona, en ausencia de una relación de causa-efecto, pudiera tener dudas sobre el caso. Es más, en España no se reconocía el cáncer de páncreas como posible enfermedad laboral. Y así terminó el caso.
Varias conclusiones se derivan de estos hechos (narrados por Berta Chulvi, Neus Moreno y Benito Carrera en la Revista de Salud Laboral de CCOO, uno de los forums más creíbles en cuanto a condiciones laborales en España). Una, es el enorme poder de la patronal en España y el sesgo sistemático y sistémico de los tribunales, llamados de justicia, a favor de la patronal. Es una situación que debiera indignar a cualquier persona con sensibilidad democrática. La transición inmodélica que tuvimos en España significó un cambio de una dictadura (enormemente favorable a la clase empresarial) a un sistema democrático sumamente insuficiente, en que tal poder de clase se muestra en la gran desprotección de la clase trabajadora, desprotección que se reproduce en los tribunales.
La segunda conclusión es que este excesivo poder de la clase empresarial interfiere en la eficiencia de la economía española. Dinamarca, como los otros países nórdicos de tradición socialdemócrata (en este momento Dinamarca está gobernada por una coalición de partidos conservadores y liberales que han respetado las conquistas sociales adquiridas durante muchos años de gobierno socialdemócrata), es uno de los países que ofrece mayor protección y seguridad al trabajador, siendo, a la vez, uno de los países con mayor eficiencia económica. Incluso Davos (el Vaticano liberal) así lo reconoce. Tales países están entre los que tienen mayor eficiencia económica, y mayor flexibilidad laboral. La famosa flexiseguridad se inventó en Dinamarca. En aquel sistema, el trabajador y los sindicatos que les representan colaboran en flexibilizar el mercado de trabajo. Y lo hacen porque tal flexibilidad no afecta a su seguridad y protección social. El gasto público social (30% del PIB) y la legislación laboral protegen al trabajador. Aquí en España (el gasto en protección social es el 19% del PIB), el excesivo poder empresarial, mal acostumbrado al régimen dictatorial, quiere imponer la flexibilidad a base de desregular y empobrecer el mercado de trabajo, haciéndole incluso difícil al trabajador el recibir compensación por un daño que, en la mayoría de casos, se debe a la negligencia empresarial. El contraste entre los dos casos que cito en este artículo es abrumador y ofende a cualquier persona que haya luchado por tener un país más justo y democrático del que tenemos.
Y una tercera consecuencia es la escasa visibilidad mediática que tienen estos temas laborales, reflejo de un excesivo poder empresarial. Los medios de mayor difusión en el país ignoran estas realidades que alcanzan niveles de crueldad.
Vicenç Navarro
2.11.09
Manifiesto del mundo de la cultura: "Otra política y otros valores para salir de la crisis"
Después de dos años de una crisis que ha creado millones de desempleados y ha provocado que el número de personas hambrientas y desnutridas en el mundo alcance un nuevo récord, están bien claras las causas de esta grave situación.Dejar en plena libertad a los capitales financieros y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis recurrentes.
Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.
Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.
Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente. Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto "derrame" que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.
Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.
Por eso la crisis económica que vivimos es sobre todo una crisis política y cultural y ecosistémica.
Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.
Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política. Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades. Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.
Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos. La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro. Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras.Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.
Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad. Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.
Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.
Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la producción y el consumo sostenibles.
Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.
Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.
Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.
Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.
Frente a la soledad social, la pobreza y el egoísmo, una respuesta progresista supone apostar por los valores culturales de la solidaridad, que no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra de la dignidad cívica de los sentimientos humanos.
Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.
Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.
Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente. Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto "derrame" que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.
Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.
Por eso la crisis económica que vivimos es sobre todo una crisis política y cultural y ecosistémica.
Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.
Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política. Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades. Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.
Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos. La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro. Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras.Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.
Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad. Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.
Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.
Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la producción y el consumo sostenibles.
Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.
Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.
Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.
Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.
Frente a la soledad social, la pobreza y el egoísmo, una respuesta progresista supone apostar por los valores culturales de la solidaridad, que no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra de la dignidad cívica de los sentimientos humanos.
25.8.09
Las rigideces del mercado bancario-inmobiliario. Vicenç Navarro
El artículo acentúa que la gran atención mediática sobre la supuesta rigidez del mercado de trabajo contrasta con la escasa visibilidad mediática de esta rigidez del mercado bancario-inmobiliario.
Vicenç Navarro
25-08-2009 - El Banco de España y su Gobernador, el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como los economistas de los centros de estudio y Fundaciones próximas a la banca, han liderado la campaña a favor de una mayor desregulación de los mercados de trabajo en España, a fin de alcanzar una mayor flexibilidad laboral y una mayor producción de empleo, facilitando así la recuperación de la economía española. En esta postura, se asume que el retraso en la recuperación de la economía española se debe a las supuestas rigideces del mercado de trabajo español, consecuencia de la excesiva influencia que los sindicatos tienen sobre las instituciones representativas españolas y, muy en particular, sobre el gobierno socialista español. Se escribe y repite, una y otra vez, que la testarudez de los sindicatos, en su defensa de los contratos fijos, es la principal causa del elevado desempleo y del consiguiente retraso en la recuperación económica.
En un artículo reciente hablé sobre la escasa credibilidad de tal argumento, cuestionando la evidencia que los autores (todos ellos de sensibilidad liberal) han mostrado en defensa de sus tesis (ver Navarro, V. Los errores de las teorías económicas liberales. EL PLURAL, 14.08.09). En este artículo quiero señalar que no son los sindicatos, sino la propia banca (y el Banco de España) y el complejo bancario-inmobiliario los que son responsables de la escasa recuperación que está experimentando la economía española.
Tal como he indicado en otros dos artículos, también críticos de la banca española (ver “La Banca y el Desempleo”. Público, 19.02.09, y “El BCE y el Banco de España: Responsables del Desempleo”. Sistema Digital. 03.07.09), el complejo bancario-inmobiliario compuesto por la Banca, la industria inmobiliaria y la industria de la construcción, ha sido el motor del crecimiento económico español en los últimos quince años. Existe una relación financiera de mutua dependencia entre la Banca, los servicios inmobiliarios y la industria de la construcción, que es la base de un enorme bloque de poder económico y político en España. Tal complejo alcanzó en el 2007 el nivel más alto de construcción residencial. Tal actividad económica representó en aquel año el 9,6% del PIB. Este complejo se caracterizó por un comportamiento enormemente especulativo, que determinó unos precios excesivos de la vivienda, sujetos a un crecimiento anual muy superior a los costes de producción. Durante el periodo 1997-2007, el precio de la vivienda subió un 195%. En 1997, el precio de la vivienda era 4,5 veces el salario anual medio. En 2007 se requería 9,2 veces el salario anual para comprar la vivienda del mismo tamaño y superficie (90 metros cuadrados). Contribuía a ello la política de desregulación del suelo de los gobiernos conservadores del Partido Popular, medida que indirectamente fue facilitada por muchas autoridades locales, pues sus ingresos dependían, en gran parte, de los ingresos generados por esta burbuja inmobiliaria, apoyada por los Bancos y las Cajas. Los beneficios de estas últimas entidades financieras alcanzaron niveles nunca vistos antes, y los ingresos de los directivos de la Banca, así como de sus consejeros, llegaron a niveles exuberantes, sin precedentes. Es importante señalar que una causa del gran crecimiento de la construcción fue la propia demanda especulativa. Es decir, se construía mucho más de lo que se necesitaba, y ello era resultado de que se construía una vivienda, no para vivir en ella, sino para invertir en aquella propiedad y especular con ella. Es así como se alcanzó una sobreproducción y a la vez una enorme inflación de precios, los cuales estaban muy por encima (se calcula un 30%) del precio que la propia dinámica del mercado (es decir, la demanda según los salarios medios y las necesidades reales de vivienda) determinaría.
Cuando la burbuja inmobiliaria explotó (y las burbujas siempre explotan), los bancos y sus aliados, las inmobiliarias, se quedaron entonces con una enorme cantidad de viviendas, con un precio claramente desorbitado, que tenía que bajar y que hubiera tenido que bajar si el mercado hubiera funcionado en España. Así ha ocurrido en EEUU, donde el precio de la vivienda ha bajado más de un 32% en los últimos dos años, desinflándose el precio y permitiendo que la población pueda comprar viviendas de nuevo. El precio de la vivienda, que en aquel país había llegado a ser el equivalente a casi seis veces el salario anual hace dos años, ha pasado a ser tres veces y media. Es más, el gobierno federal, a fin de ayudar a recuperar el poder del consumo como parte de su estímulo económico, ha facilitado refinanciar las hipotecas, entre otras ayudas al comprador de la vivienda, que le han ayudado a pagarlas, lo cual, junto con la bajada de los precios, está reavivando el mercado de la vivienda y la economía estadounidense. Esta es una de las causas de la recuperación económica en EEUU.
No así en España. En realidad el precio de la vivienda (que debiera bajar un 30%) ha bajado un tímido 8%, un porcentaje totalmente insuficiente para reavivar el mercado de la vivienda y la economía española. El hecho de que no baje más se debe, precisamente, al complejo bancario-inmobiliario, responsable de las enormes rigideces del mercado inmobiliario español, rigideces que apenas son denunciadas en los medios de información. Una de estas rigideces, entre muchas otras, es la gran opacidad de las transacciones bancarias, con muy escasa transparencia de los precios (no hay un registro oficial de los precios) y gran protagonismo del dinero negro. Añádase a esto la enorme sobreproducción de viviendas, propiedad de aquel complejo bancario-inmobiliario que se resiste a abandonar su comportamiento especulativo, y abrir su oferta, transformándola en oferta para otros fines, como el alquiler, un sector muy poco desarrollado en España. Todavía aguantan el tipo, esperando que aumenten los precios, retrasando con ello la recuperación económica. Y por si eso no fuera poco, las políticas crediticias e hipotecarias se han hecho incluso más restrictivas, lo que hace todavía más difícil tal reavivación del mercado de la vivienda y, por lo tanto, tal recuperación económica. En ello influye también un sistema de supervisión bancaria (dirigido por el Banco de España) que protege a la Banca a costa del usuario del sistema financiero. Estas son algunas de las causas más importantes del retraso en la recuperación económica en España. Si usted lee la prensa económica (controlada o influenciada, en su mayoría, por la Banca) no leerá, sin embargo, este tipo de noticias. Sí leerá, en cambio, que la culpa de la falta de recuperación económica la tienen los sindicatos y las supuestas rigideces del mercado laboral.
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro
25-08-2009 - El Banco de España y su Gobernador, el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como los economistas de los centros de estudio y Fundaciones próximas a la banca, han liderado la campaña a favor de una mayor desregulación de los mercados de trabajo en España, a fin de alcanzar una mayor flexibilidad laboral y una mayor producción de empleo, facilitando así la recuperación de la economía española. En esta postura, se asume que el retraso en la recuperación de la economía española se debe a las supuestas rigideces del mercado de trabajo español, consecuencia de la excesiva influencia que los sindicatos tienen sobre las instituciones representativas españolas y, muy en particular, sobre el gobierno socialista español. Se escribe y repite, una y otra vez, que la testarudez de los sindicatos, en su defensa de los contratos fijos, es la principal causa del elevado desempleo y del consiguiente retraso en la recuperación económica.
En un artículo reciente hablé sobre la escasa credibilidad de tal argumento, cuestionando la evidencia que los autores (todos ellos de sensibilidad liberal) han mostrado en defensa de sus tesis (ver Navarro, V. Los errores de las teorías económicas liberales. EL PLURAL, 14.08.09). En este artículo quiero señalar que no son los sindicatos, sino la propia banca (y el Banco de España) y el complejo bancario-inmobiliario los que son responsables de la escasa recuperación que está experimentando la economía española.
Tal como he indicado en otros dos artículos, también críticos de la banca española (ver “La Banca y el Desempleo”. Público, 19.02.09, y “El BCE y el Banco de España: Responsables del Desempleo”. Sistema Digital. 03.07.09), el complejo bancario-inmobiliario compuesto por la Banca, la industria inmobiliaria y la industria de la construcción, ha sido el motor del crecimiento económico español en los últimos quince años. Existe una relación financiera de mutua dependencia entre la Banca, los servicios inmobiliarios y la industria de la construcción, que es la base de un enorme bloque de poder económico y político en España. Tal complejo alcanzó en el 2007 el nivel más alto de construcción residencial. Tal actividad económica representó en aquel año el 9,6% del PIB. Este complejo se caracterizó por un comportamiento enormemente especulativo, que determinó unos precios excesivos de la vivienda, sujetos a un crecimiento anual muy superior a los costes de producción. Durante el periodo 1997-2007, el precio de la vivienda subió un 195%. En 1997, el precio de la vivienda era 4,5 veces el salario anual medio. En 2007 se requería 9,2 veces el salario anual para comprar la vivienda del mismo tamaño y superficie (90 metros cuadrados). Contribuía a ello la política de desregulación del suelo de los gobiernos conservadores del Partido Popular, medida que indirectamente fue facilitada por muchas autoridades locales, pues sus ingresos dependían, en gran parte, de los ingresos generados por esta burbuja inmobiliaria, apoyada por los Bancos y las Cajas. Los beneficios de estas últimas entidades financieras alcanzaron niveles nunca vistos antes, y los ingresos de los directivos de la Banca, así como de sus consejeros, llegaron a niveles exuberantes, sin precedentes. Es importante señalar que una causa del gran crecimiento de la construcción fue la propia demanda especulativa. Es decir, se construía mucho más de lo que se necesitaba, y ello era resultado de que se construía una vivienda, no para vivir en ella, sino para invertir en aquella propiedad y especular con ella. Es así como se alcanzó una sobreproducción y a la vez una enorme inflación de precios, los cuales estaban muy por encima (se calcula un 30%) del precio que la propia dinámica del mercado (es decir, la demanda según los salarios medios y las necesidades reales de vivienda) determinaría.
Cuando la burbuja inmobiliaria explotó (y las burbujas siempre explotan), los bancos y sus aliados, las inmobiliarias, se quedaron entonces con una enorme cantidad de viviendas, con un precio claramente desorbitado, que tenía que bajar y que hubiera tenido que bajar si el mercado hubiera funcionado en España. Así ha ocurrido en EEUU, donde el precio de la vivienda ha bajado más de un 32% en los últimos dos años, desinflándose el precio y permitiendo que la población pueda comprar viviendas de nuevo. El precio de la vivienda, que en aquel país había llegado a ser el equivalente a casi seis veces el salario anual hace dos años, ha pasado a ser tres veces y media. Es más, el gobierno federal, a fin de ayudar a recuperar el poder del consumo como parte de su estímulo económico, ha facilitado refinanciar las hipotecas, entre otras ayudas al comprador de la vivienda, que le han ayudado a pagarlas, lo cual, junto con la bajada de los precios, está reavivando el mercado de la vivienda y la economía estadounidense. Esta es una de las causas de la recuperación económica en EEUU.
No así en España. En realidad el precio de la vivienda (que debiera bajar un 30%) ha bajado un tímido 8%, un porcentaje totalmente insuficiente para reavivar el mercado de la vivienda y la economía española. El hecho de que no baje más se debe, precisamente, al complejo bancario-inmobiliario, responsable de las enormes rigideces del mercado inmobiliario español, rigideces que apenas son denunciadas en los medios de información. Una de estas rigideces, entre muchas otras, es la gran opacidad de las transacciones bancarias, con muy escasa transparencia de los precios (no hay un registro oficial de los precios) y gran protagonismo del dinero negro. Añádase a esto la enorme sobreproducción de viviendas, propiedad de aquel complejo bancario-inmobiliario que se resiste a abandonar su comportamiento especulativo, y abrir su oferta, transformándola en oferta para otros fines, como el alquiler, un sector muy poco desarrollado en España. Todavía aguantan el tipo, esperando que aumenten los precios, retrasando con ello la recuperación económica. Y por si eso no fuera poco, las políticas crediticias e hipotecarias se han hecho incluso más restrictivas, lo que hace todavía más difícil tal reavivación del mercado de la vivienda y, por lo tanto, tal recuperación económica. En ello influye también un sistema de supervisión bancaria (dirigido por el Banco de España) que protege a la Banca a costa del usuario del sistema financiero. Estas son algunas de las causas más importantes del retraso en la recuperación económica en España. Si usted lee la prensa económica (controlada o influenciada, en su mayoría, por la Banca) no leerá, sin embargo, este tipo de noticias. Sí leerá, en cambio, que la culpa de la falta de recuperación económica la tienen los sindicatos y las supuestas rigideces del mercado laboral.
Vicenç Navarro
7.7.09
La propuesta empresarial de rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social: ¿Cuánto es y quién lo paga?
En el actual contexto de crisis económica, el dialogo social ha encontrado el más profundo de sus obstáculos en la insistencia empresarial sobre dos pretensiones: rebajar los costes del despido improcedente, y rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Facilitar el despido se presenta sin sonrojo como una medida para garantizar la reactivación económica, pero no hacen falta muchas explicaciones para comprende la magnitud que esto supone para los derechos de los trabajadores, no solo en cuanto elimina la estabilidad en el empleo, sino que además, coarta el ejercicio de todo el conjunto de derechos laborales al depender del puro voluntarismo empresarial, la continuación del contrato de trabajo.
Sin embargo, la pretensión empresarial de rebajar las cotizaciones sociales, como elemento para reducir los costes laborales y favorecer la contratación, si que merece una explicación más detenida sobre sus efectos económicos, y como repercutiría en el sistema público de Seguridad Social. El propio Gobierno ha ido avanzando posiciones hasta admitir una rebaja de medio punto con cargo a las cotizaciones por accidente de trabajo, lo que es insuficiente para la patronal que se mantiene en su petición de rebaja de 5 puntos. Los efectos sobre la financiación de la Seguridad Social se compensarían con un incremento del IVA.
Poniendo números a tales medidas, se observa lo siguiente: La rebaja de cotizaciones que admite el Gobierno de 0,5 puntos significa, en la práctica, unos 1.600 millones de Euros para las empresas. Pero lo que solicita la patronal es en la práctica, más de diez veces esa cifra, es decir, 18.000 millones de euros como ha calculado el Gobierno (3 billones de pesetas). Aclaremos que el importe que se reclama, no es una rebaja del 5% de las cotizaciones, sino una rebaja de 5 puntos en los tipos de cotización sobre el salario. En realidad, implica una minoración de más del 21% en la cotización empresarial por contingencias comunes, lo que significa, igualmente, que disminuye la financiación de la Seguridad Social en una quinta parte.
El empresario recibiría unos 1.200 euros al año por cada trabajador de su plantilla. Es una cifra muy alta, representa por ejemplo, 3 veces el gasto fiscal en la deducción de 400 euros por cada trabajador en el IRPF, en un contexto en el que se plantea su supresión o reducción para ahorrar gasto público.
¿Cuál es el destino de esta cantidad? Directamente, las cuentas de resultados de las empresas, o lo que es lo mismo, incremento del beneficio empresarial. El que finalmente el empresario utilice el dinero en inversión, o simplemente en diversión, es su opción personal, y la ciencia económica no puede determinar el destino último de tales recursos económicos.
Pero lo más grave son las consecuencias que tal medida tendría en las cuentas de la Seguridad Social. Genera un déficit automático y además, en cinco años se consumiría el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de modo que no habría recursos suficientes para atender el pago de las pensiones. Y si se carga sobre el IVA, lo que supone un cambio de modelo de financiación, implicaría que los precios tendrían que subir en la misma proporción, lo que genera una serie de efectos: Reduce automáticamente el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones; deprime el consumo y por tanto, aceleraría el hundimiento de la actividad económica en un contexto de plena recesión; lo que a su vez incrementa el desempleo, reduce las aportaciones a la Seguridad Social e incrementa los gastos de atención a los desempleados.
En definitiva, lo que plantea la patronal es un incremento del beneficio empresarial, cifrado en 18.000 millones de euros anuales (tres billones de pesetas) que pone en tela de juicio la viabilidad del sistema de Seguridad Social, obliga a tomar medidas que aceleran la recesión económica, el reparto desigual de la riqueza y generan desempleo. Hay que reconocer que la patronal española tendrá muchos defectos, pero cuando piden, piden a lo grande.
Francisco Gualda
Sin embargo, la pretensión empresarial de rebajar las cotizaciones sociales, como elemento para reducir los costes laborales y favorecer la contratación, si que merece una explicación más detenida sobre sus efectos económicos, y como repercutiría en el sistema público de Seguridad Social. El propio Gobierno ha ido avanzando posiciones hasta admitir una rebaja de medio punto con cargo a las cotizaciones por accidente de trabajo, lo que es insuficiente para la patronal que se mantiene en su petición de rebaja de 5 puntos. Los efectos sobre la financiación de la Seguridad Social se compensarían con un incremento del IVA.
Poniendo números a tales medidas, se observa lo siguiente: La rebaja de cotizaciones que admite el Gobierno de 0,5 puntos significa, en la práctica, unos 1.600 millones de Euros para las empresas. Pero lo que solicita la patronal es en la práctica, más de diez veces esa cifra, es decir, 18.000 millones de euros como ha calculado el Gobierno (3 billones de pesetas). Aclaremos que el importe que se reclama, no es una rebaja del 5% de las cotizaciones, sino una rebaja de 5 puntos en los tipos de cotización sobre el salario. En realidad, implica una minoración de más del 21% en la cotización empresarial por contingencias comunes, lo que significa, igualmente, que disminuye la financiación de la Seguridad Social en una quinta parte.
El empresario recibiría unos 1.200 euros al año por cada trabajador de su plantilla. Es una cifra muy alta, representa por ejemplo, 3 veces el gasto fiscal en la deducción de 400 euros por cada trabajador en el IRPF, en un contexto en el que se plantea su supresión o reducción para ahorrar gasto público.
¿Cuál es el destino de esta cantidad? Directamente, las cuentas de resultados de las empresas, o lo que es lo mismo, incremento del beneficio empresarial. El que finalmente el empresario utilice el dinero en inversión, o simplemente en diversión, es su opción personal, y la ciencia económica no puede determinar el destino último de tales recursos económicos.
Pero lo más grave son las consecuencias que tal medida tendría en las cuentas de la Seguridad Social. Genera un déficit automático y además, en cinco años se consumiría el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de modo que no habría recursos suficientes para atender el pago de las pensiones. Y si se carga sobre el IVA, lo que supone un cambio de modelo de financiación, implicaría que los precios tendrían que subir en la misma proporción, lo que genera una serie de efectos: Reduce automáticamente el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones; deprime el consumo y por tanto, aceleraría el hundimiento de la actividad económica en un contexto de plena recesión; lo que a su vez incrementa el desempleo, reduce las aportaciones a la Seguridad Social e incrementa los gastos de atención a los desempleados.
En definitiva, lo que plantea la patronal es un incremento del beneficio empresarial, cifrado en 18.000 millones de euros anuales (tres billones de pesetas) que pone en tela de juicio la viabilidad del sistema de Seguridad Social, obliga a tomar medidas que aceleran la recesión económica, el reparto desigual de la riqueza y generan desempleo. Hay que reconocer que la patronal española tendrá muchos defectos, pero cuando piden, piden a lo grande.
Francisco Gualda
1.7.09
Alto y claro. XAVIER CAÑO TAMAYO
Abaratar el despido y animar a los empleados a que acepten bajadas de sueldo, o incluso trabajar gratis “para salvar” a las empresas, empeorará la crisis.
01-07-2009 - En algunas grandes empresas españolas (SEAT del grupo Volkswagen), los trabajadores han aceptado rebajarse el sueldo. En Reino Unido, un directivo de British Airways ha propuesto a los empleados que trabajen un mes gratis. Empresarios y autoridades monetarias piden reformar el mercado de trabajo, es decir, abaratar el despido y reducir los salarios.
Pero, “la situación laboral no ha sido causa de la crisis”, aseguran en un manifiesto 700 economistas y expertos laborales, catedráticos y profesores universitarios en España, y es indecente hacer pagar el coste de la crisis a los trabajadores.
Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, afirma, por ejemplo, que España debe moderar los salarios, abaratar el despido, desligar aumentos de sueldos del incremento de precios, y reducir la protección de desempleados. También que se han de consolidar las expectativas de las familias y las empresas para que se vuelva a consumir e invertir.
Estupenda lógica la de Trichet: frenar salarios, abaratar despidos y reducir la protección social, pero al mismo tiempo que familias y empresas vuelvan a consumir e invertir. Si bajan salarios y despiden, ¿quién podrá comprar?
Tal contradicción hace dudar de la credibilidad de Trichet. Pero es coherente. Fiel a sus intereses de clase, la clase alta, la minoría con dinero y poder.
A Trichet le replica Paul Krugman, premio Nobel de Economía, quien el pasado mayo denunciaba que “los salarios están bajando a lo largo y ancho de Estados Unidos (…). Reflejan la realidad brutal de un mercado laboral débil: los trabajadores no protestan cuando les recortan el sueldo porque creen que no encontrarán otro trabajo. Pero la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma que puede empeorar aún más.
Las bajadas de los sueldos proliferan. Es un fenómeno muy extendido. Y podríamos enfrentarnos a la paradoja de los salarios: los trabajadores de una empresa pueden contribuir a salvar sus empleos accediendo a cobrar sueldos más bajos, pero si los empresarios recortan salarios en todos los sectores económicos, la consecuencia es aumento del paro. El recorte salarial aumenta el empleo en el caso de una empresa en concreto. Pero si todo el mundo rebaja sueldos, nadie obtiene ventaja competitiva. Los salarios bajos no benefician nada a la economía. Por el contrario, la caída de los sueldos empeora los problemas de la economía”.
Y Krugman nos recuerda que Japón (donde los sueldos del sector privado descendieron más del 1% anual durante ocho años hasta 2003) es lección práctica de cómo la deflación salarial estanca la economía.
Al otro lado del mundo, líderes sindicales australianos han propuesto que para salvar la economía es necesario un “salario máximo”. Y nueve diputados en el Reino Unido han propuesto establecer por ley “un límite al salario máximo anual que se pague a cualquier persona”. Proponen “considerar seriamente establecer el salario máximo”, porque las excesivas remuneraciones de los directivos y ejecutivos son una causa de los males de la economía mundial. Y es así porque, como denuncia Jeff Lawrence, líder de la federación sindical nacional de Australia, “salarios y gratificaciones insultantes para los ejecutivos han impulsado una cultura de riesgo excesivo y de actuación a corto plazo que es una de las principales causas de la crisis financiera global”.
En 2007, la remuneración de un director ejecutivo en las 500 primeras empresas de Estados Unidos era ¡344 veces la paga media de un obrero! Y en Australia, la diferencia entre el salario medio de un director ejecutivo y de un trabajador es de 63 veces, pero en 1990 sólo era 18 veces.
Aunque toda esa miseria e injusticia nos la explica mejor el poeta español Luis García Montero: “Cuesta trabajo asumir la frialdad criminal con la que los reyes del dinero han cambiado la economía productiva por la economía especulativa. Asombra la ingeniería mercantil que ha prescindido con alevosía de la creación de riqueza para forzar negocios avarientos, preocupados sólo por aumentar las ganancias de los que más tienen. Y llena de cólera comprender cómo los gobiernos europeos, conservadores y socialistas, han confundido la modernidad con la toma de decisiones encaminadas a favorecer la avaricia de los bancos y de sus especuladores.”
Dudo que se pueda decir más alto ni más claro.
XAVIER CAÑO TAMAYO
Solidarios
01-07-2009 - En algunas grandes empresas españolas (SEAT del grupo Volkswagen), los trabajadores han aceptado rebajarse el sueldo. En Reino Unido, un directivo de British Airways ha propuesto a los empleados que trabajen un mes gratis. Empresarios y autoridades monetarias piden reformar el mercado de trabajo, es decir, abaratar el despido y reducir los salarios.
Pero, “la situación laboral no ha sido causa de la crisis”, aseguran en un manifiesto 700 economistas y expertos laborales, catedráticos y profesores universitarios en España, y es indecente hacer pagar el coste de la crisis a los trabajadores.
Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, afirma, por ejemplo, que España debe moderar los salarios, abaratar el despido, desligar aumentos de sueldos del incremento de precios, y reducir la protección de desempleados. También que se han de consolidar las expectativas de las familias y las empresas para que se vuelva a consumir e invertir.
Estupenda lógica la de Trichet: frenar salarios, abaratar despidos y reducir la protección social, pero al mismo tiempo que familias y empresas vuelvan a consumir e invertir. Si bajan salarios y despiden, ¿quién podrá comprar?
Tal contradicción hace dudar de la credibilidad de Trichet. Pero es coherente. Fiel a sus intereses de clase, la clase alta, la minoría con dinero y poder.
A Trichet le replica Paul Krugman, premio Nobel de Economía, quien el pasado mayo denunciaba que “los salarios están bajando a lo largo y ancho de Estados Unidos (…). Reflejan la realidad brutal de un mercado laboral débil: los trabajadores no protestan cuando les recortan el sueldo porque creen que no encontrarán otro trabajo. Pero la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma que puede empeorar aún más.
Las bajadas de los sueldos proliferan. Es un fenómeno muy extendido. Y podríamos enfrentarnos a la paradoja de los salarios: los trabajadores de una empresa pueden contribuir a salvar sus empleos accediendo a cobrar sueldos más bajos, pero si los empresarios recortan salarios en todos los sectores económicos, la consecuencia es aumento del paro. El recorte salarial aumenta el empleo en el caso de una empresa en concreto. Pero si todo el mundo rebaja sueldos, nadie obtiene ventaja competitiva. Los salarios bajos no benefician nada a la economía. Por el contrario, la caída de los sueldos empeora los problemas de la economía”.
Y Krugman nos recuerda que Japón (donde los sueldos del sector privado descendieron más del 1% anual durante ocho años hasta 2003) es lección práctica de cómo la deflación salarial estanca la economía.
Al otro lado del mundo, líderes sindicales australianos han propuesto que para salvar la economía es necesario un “salario máximo”. Y nueve diputados en el Reino Unido han propuesto establecer por ley “un límite al salario máximo anual que se pague a cualquier persona”. Proponen “considerar seriamente establecer el salario máximo”, porque las excesivas remuneraciones de los directivos y ejecutivos son una causa de los males de la economía mundial. Y es así porque, como denuncia Jeff Lawrence, líder de la federación sindical nacional de Australia, “salarios y gratificaciones insultantes para los ejecutivos han impulsado una cultura de riesgo excesivo y de actuación a corto plazo que es una de las principales causas de la crisis financiera global”.
En 2007, la remuneración de un director ejecutivo en las 500 primeras empresas de Estados Unidos era ¡344 veces la paga media de un obrero! Y en Australia, la diferencia entre el salario medio de un director ejecutivo y de un trabajador es de 63 veces, pero en 1990 sólo era 18 veces.
Aunque toda esa miseria e injusticia nos la explica mejor el poeta español Luis García Montero: “Cuesta trabajo asumir la frialdad criminal con la que los reyes del dinero han cambiado la economía productiva por la economía especulativa. Asombra la ingeniería mercantil que ha prescindido con alevosía de la creación de riqueza para forzar negocios avarientos, preocupados sólo por aumentar las ganancias de los que más tienen. Y llena de cólera comprender cómo los gobiernos europeos, conservadores y socialistas, han confundido la modernidad con la toma de decisiones encaminadas a favorecer la avaricia de los bancos y de sus especuladores.”
Dudo que se pueda decir más alto ni más claro.
XAVIER CAÑO TAMAYO
Solidarios
29.5.09
El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible
Demanera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, Gobiernos y organizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo.
La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.
Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: losmercados son imperfectos demanera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de losmercados financieros, se ponen demanifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía
real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos.
En el caso español las lecciones a aprender también son Importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habidomuchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad
inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad,con la que convivíamos en los últimos años en elmarco de unmodelo de crecimiento extremadamente vulnerable.
ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS. La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente.
En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias.
Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.
Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos
financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO.
En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores,extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.
Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir elmodelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo;de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.
Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historiamoderna, cuando la innovación y la formacióntienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.
LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA
ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.
No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.
Por tanto, si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos
sociales. O en palabrasmás enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.
Lasmedidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad
y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma delmercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas.
Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector
dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna,negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración
y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal.
Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.
NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR. Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo.
DECLARACIÓN | JUNIO 2009
La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.
Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: losmercados son imperfectos demanera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de losmercados financieros, se ponen demanifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía
real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos.
En el caso español las lecciones a aprender también son Importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habidomuchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad
inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad,con la que convivíamos en los últimos años en elmarco de unmodelo de crecimiento extremadamente vulnerable.
ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS. La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente.
En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias.
Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.
Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos
financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO.
En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores,extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.
Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir elmodelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo;de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.
Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historiamoderna, cuando la innovación y la formacióntienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.
LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA
ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.
No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.
Por tanto, si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos
sociales. O en palabrasmás enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.
Lasmedidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad
y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma delmercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas.
Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector
dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna,negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración
y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal.
Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.
NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR. Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo.
DECLARACIÓN | JUNIO 2009
40 destacados economistas norteamericanos firman una declaración a favor de la resindicalización de la vida económica
Premios Nobel como Arrow, Sollow y Stiglitz, y otros 37 científicos sociales norteamericanos de primer nivel, en apoyo de los sindicatos, de los trabajadores y de una nueva legislación que democratice la vida laboral en los EEUU.
28-05-2009 - Aunque su colapso ha dominado la reciente cobertura de noticias por parte de los medios de comunicación, el sector financiero no es el único segmento de la economía estadounidense que atraviesa graves dificultades. Las instituciones que gobiernan el mercado de trabajo han fracasado también, generando la insólita e insana situación actual, en la que la remuneración horaria de los trabajadores norteamericanos se ha estancado, a pesar del incremento de su productividad.
En efecto: entre 2000 y 2007, el ingreso del hogar mediano en edad laboral cayó en 2.000 dólares, un desplome sin precedentes. En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente.
Una respuesta natural de los trabajadores incapaces de mejorar su situación económica es organizarse sindicalmente para negociar una participación más equitativa en los resultados de la economía, y ese deseo queda bien reflejado en encuestas recientes. Millones de trabajadores norteamericanos –más de la mitad de los que no tienen cargos ejecutivos— han dicho que desean la presencia de sindicatos en su puesto de trabajo. Sin embargo, sólo el 7,5% de los trabajadores del sector privado están ahora mismo representados por una organización sindical. Y en todo 2007, menos de 60.000 trabajadores lograron una posición sindical mediante elecciones sancionadas por el gobierno. ¿Qué es lo que explica tamaño hiato?
El problema es que el proceso electoral supervisado por el Comité Nacional de Relaciones Laborales ha degenerado y se ha vuelto hostil, con feroces campañas de la patronal para prevenir la sindicalización, a veces hasta el punto de incurrir en flagrante violación de la legislación laboral. Los simpatizantes de los sindicatos son rutinariamente amenazados y aun despedidos, y tienen pocos recursos efectivos para defenderse legalmente. Y aun cuando los trabajadores logren superar esa presión y votar por la presencia sindical en sus puestos de trabajo, dada la resistencia de la patronal, una de cada tres veces son incapaces de lograr contratos.
Para remediar esa situación, el Congreso está reflexionando sobre la oportunidad de la Ley de Libertad de Elección de los Empleados (EFCA, por sus siglas en inglés). Esa ley cumpliría tres propósitos: en primer lugar, daría a los trabajadores o la oportunidad de usar un mecanismo de firmas mayoritarias –instituyendo un procedimiento sencillo para que los trabajadores pudieran indicar, con sólo estampar una firma, su apoyo a la presencia sindical en el puesto de trabajo—, o la puesta en marcha de unas elecciones supervisadas por el Comité Nacional de Relaciones Laborales; en segundo lugar, triplicaría el castigo para los empresarios que despiden a sindicalistas o violan otras leyes laborales; y en tercer lugar, crearía un proceso capaz de garantizar que se dé a los empleados recién sindicalizados una oportunidad justa para obtener un primer contrato, pudiendo acudir a un arbitraje tras 120 días de negociaciones infructuosas.
La EFCA reflejará mejor los deseos de los trabajadores que la actual “guerra en torno a la representación”. La Ley rebajará también los niveles de acrimonia y desconfianza que acompañan ahora a menudo las elecciones sindicales bajo el presente sistema.
Una marea creciente sólo levanta todos los botes cuando el trabajo y la patronal negocian en condiciones de relativa igualdad. En las últimas décadas, el grueso del poder negociador ha estado del lado de la patronal. La actual recesión seguirá debilitando la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar colectivamente.
La EFCA no es una panacea, pero restauraría cierto equilibrio en nuestros mercados laborales. Como economistas, creemos que es de vital importancia avanzar en la reconstrucción de nuestra vida económica y robustecer nuestra democracia fortaleciendo la voz del pueblo trabajador en el puesto de trabajo.
Firman esta declaración: Henry J. Aaron, Brookings Institution; Katharine Abraham, University of Maryland; Philippe Aghion, Massachusetts Institute of Technology; Eileen Appelbaum, Rutgers University; Kenneth Arrow, Stanford University; Dean Baker, Center for Economic and Policy Research; Jagdish Bhagwati, Columbia University; Rebecca Blank, Brookings Institution; Joseph Blasi, Rutgers University; Alan S. Blinder, Princeton University; William A. Darity, Duke University; Brad DeLong, University of California/Berkeley; John DiNardo, University of Michigan; Henry Farber, Princeton University; Robert H. Frank, Cornell University; Richard Freeman, Harvard University; James K. Galbraith, University of Texas; Robert J. Gordon, Northwestern University; Heidi Hartmann, Institute for Women’s Policy Research; Lawrence Katz, Harvard University; Robert Lawrence, Harvard University; David Lee, Princeton University; Frank Levy, Massachusetts Institute of Technology; Lisa Lynch, Brandeis University; Ray Marshall, University of Texas; Lawrence Mishel, Economic Policy Institute; Robert Pollin, University of Massachusetts; William Rodgers, Rutgers University; Dani Rodrik, Harvard University; Jeffrey D. Sachs, Columbia University; Robert M. Solow, Massachusetts Institute of Technology; William Spriggs, Howard University; Joseph E. Stiglitz, Columbia University; Peter Temin, Massachusetts Institute of Technology; Mark Thoma, University of Oregon; Lester C. Thurow, Massachusetts Institute of Technology; Laura Tyson, University of California/Berkeley; Paula B. Voos, Rutgers University; David Weil, Boston University; Edward Wolff, New York University.
Traducción: Ricardo Timón
Sinpermiso
28-05-2009 - Aunque su colapso ha dominado la reciente cobertura de noticias por parte de los medios de comunicación, el sector financiero no es el único segmento de la economía estadounidense que atraviesa graves dificultades. Las instituciones que gobiernan el mercado de trabajo han fracasado también, generando la insólita e insana situación actual, en la que la remuneración horaria de los trabajadores norteamericanos se ha estancado, a pesar del incremento de su productividad.
En efecto: entre 2000 y 2007, el ingreso del hogar mediano en edad laboral cayó en 2.000 dólares, un desplome sin precedentes. En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente.
Una respuesta natural de los trabajadores incapaces de mejorar su situación económica es organizarse sindicalmente para negociar una participación más equitativa en los resultados de la economía, y ese deseo queda bien reflejado en encuestas recientes. Millones de trabajadores norteamericanos –más de la mitad de los que no tienen cargos ejecutivos— han dicho que desean la presencia de sindicatos en su puesto de trabajo. Sin embargo, sólo el 7,5% de los trabajadores del sector privado están ahora mismo representados por una organización sindical. Y en todo 2007, menos de 60.000 trabajadores lograron una posición sindical mediante elecciones sancionadas por el gobierno. ¿Qué es lo que explica tamaño hiato?
El problema es que el proceso electoral supervisado por el Comité Nacional de Relaciones Laborales ha degenerado y se ha vuelto hostil, con feroces campañas de la patronal para prevenir la sindicalización, a veces hasta el punto de incurrir en flagrante violación de la legislación laboral. Los simpatizantes de los sindicatos son rutinariamente amenazados y aun despedidos, y tienen pocos recursos efectivos para defenderse legalmente. Y aun cuando los trabajadores logren superar esa presión y votar por la presencia sindical en sus puestos de trabajo, dada la resistencia de la patronal, una de cada tres veces son incapaces de lograr contratos.
Para remediar esa situación, el Congreso está reflexionando sobre la oportunidad de la Ley de Libertad de Elección de los Empleados (EFCA, por sus siglas en inglés). Esa ley cumpliría tres propósitos: en primer lugar, daría a los trabajadores o la oportunidad de usar un mecanismo de firmas mayoritarias –instituyendo un procedimiento sencillo para que los trabajadores pudieran indicar, con sólo estampar una firma, su apoyo a la presencia sindical en el puesto de trabajo—, o la puesta en marcha de unas elecciones supervisadas por el Comité Nacional de Relaciones Laborales; en segundo lugar, triplicaría el castigo para los empresarios que despiden a sindicalistas o violan otras leyes laborales; y en tercer lugar, crearía un proceso capaz de garantizar que se dé a los empleados recién sindicalizados una oportunidad justa para obtener un primer contrato, pudiendo acudir a un arbitraje tras 120 días de negociaciones infructuosas.
La EFCA reflejará mejor los deseos de los trabajadores que la actual “guerra en torno a la representación”. La Ley rebajará también los niveles de acrimonia y desconfianza que acompañan ahora a menudo las elecciones sindicales bajo el presente sistema.
Una marea creciente sólo levanta todos los botes cuando el trabajo y la patronal negocian en condiciones de relativa igualdad. En las últimas décadas, el grueso del poder negociador ha estado del lado de la patronal. La actual recesión seguirá debilitando la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar colectivamente.
La EFCA no es una panacea, pero restauraría cierto equilibrio en nuestros mercados laborales. Como economistas, creemos que es de vital importancia avanzar en la reconstrucción de nuestra vida económica y robustecer nuestra democracia fortaleciendo la voz del pueblo trabajador en el puesto de trabajo.
Firman esta declaración: Henry J. Aaron, Brookings Institution; Katharine Abraham, University of Maryland; Philippe Aghion, Massachusetts Institute of Technology; Eileen Appelbaum, Rutgers University; Kenneth Arrow, Stanford University; Dean Baker, Center for Economic and Policy Research; Jagdish Bhagwati, Columbia University; Rebecca Blank, Brookings Institution; Joseph Blasi, Rutgers University; Alan S. Blinder, Princeton University; William A. Darity, Duke University; Brad DeLong, University of California/Berkeley; John DiNardo, University of Michigan; Henry Farber, Princeton University; Robert H. Frank, Cornell University; Richard Freeman, Harvard University; James K. Galbraith, University of Texas; Robert J. Gordon, Northwestern University; Heidi Hartmann, Institute for Women’s Policy Research; Lawrence Katz, Harvard University; Robert Lawrence, Harvard University; David Lee, Princeton University; Frank Levy, Massachusetts Institute of Technology; Lisa Lynch, Brandeis University; Ray Marshall, University of Texas; Lawrence Mishel, Economic Policy Institute; Robert Pollin, University of Massachusetts; William Rodgers, Rutgers University; Dani Rodrik, Harvard University; Jeffrey D. Sachs, Columbia University; Robert M. Solow, Massachusetts Institute of Technology; William Spriggs, Howard University; Joseph E. Stiglitz, Columbia University; Peter Temin, Massachusetts Institute of Technology; Mark Thoma, University of Oregon; Lester C. Thurow, Massachusetts Institute of Technology; Laura Tyson, University of California/Berkeley; Paula B. Voos, Rutgers University; David Weil, Boston University; Edward Wolff, New York University.
Traducción: Ricardo Timón
Sinpermiso
11.5.09
El síndrome de los salarios menguantes. Paul Krugman
Sean las circunstancias, que sean, la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma
11-05-2009 - Los salarios están bajando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Algunos de los recortes salariales, como las devoluciones de los trabajadores de Chrysler, son el precio de la ayuda federal. Otros, como la tentativa de acuerdo sobre un recorte salarial en The New York Times, son el resultado de las conversaciones entre los empresarios y sus empleados sindicalistas. Pero hay otros que reflejan la realidad brutal de un mercado laboral débil: los trabajadores no se atreven a protestar cuando les recortan el sueldo porque no creen que puedan encontrar otro trabajo.
Sin embargo, sean cuales sean las circunstancias específicas, la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma. Y es un síntoma que puede hacer que la enfermedad de la economía empeore aún más.
Empecemos por lo primero: las anécdotas sobre las bajadas de los sueldos están proliferando, pero ¿se trata de un fenómeno muy extendido? La respuesta es sí, y mucho.
Es verdad que muchos trabajadores todavía reciben aumentos salariales. Pero hay por ahí suficientes recortes salariales como para que, según la Oficina de Estadística Laboral, el coste medio de dar empleo a trabajadores en el sector privado haya subido sólo un 0,2% en el primer trimestre de este año (el aumento más bajo que se ha registrado). Dado que la situación del mercado laboral sigue empeorando, no sería ninguna sorpresa que los sueldos en general empezasen a bajar a finales de este año.
Pero ¿por qué es eso malo? Después de todo, muchos trabajadores están aceptando recortes salariales a fin de salvar sus empleos. ¿Qué tiene eso de malo?
La respuesta se encuentra en una de esas paradojas que invaden nuestra economía ahora mismo. Padecemos la paradoja del ahorro: ahorrar es una virtud, pero cuando todo el mundo intenta que su capacidad de ahorro aumente radicalmente, la consecuencia es una economía deprimida. Padecemos la paradoja del desapalancamiento: reducir la deuda y sanear los balances generales es bueno, pero cuando todo el mundo intenta vender valores y saldar deudas al mismo tiempo, la consecuencia es una crisis financiera.
Y, dentro de poco, podríamos enfrentarnos a la paradoja de los salarios: los trabajadores de una empresa pueden contribuir a salvar sus empleos accediendo a cobrar sueldos más bajos, pero cuando los empresarios en todos los sectores económicos recortan salarios al mismo tiempo, la consecuencia es un aumento del paro.
Así es como funciona la paradoja. Supongamos que los trabajadores del grupo XYZ aceptan un recorte salarial. Eso permite a la dirección de XYZ bajar los precios, lo que hace que sus productos sean más competitivos. Las ventas aumentan y más trabajadores pueden conservar su empleo. Así que se podría pensar que ese recorte salarial hace aumentar el empleo, lo que es cierto en el caso de la empresa en concreto.
Pero si todo el mundo recorta los sueldos, nadie obtiene una ventaja competitiva. Así que los salarios más bajos no benefician en nada a la economía. Por el contrario, la caída de los sueldos puede empeorar los problemas de la economía en otros frentes.
En particular, la reducción de los salarios, y por tanto, la reducción de los ingresos, agrava el problema de la deuda excesiva: las letras mensuales de la hipoteca no bajan como la nómina. Estados Unidos se metió en esta crisis con una deuda hipotecaria que, expresada como porcentaje de los ingresos, era la más alta desde los años treinta. Las familias tratan de reducir esa deuda ahorrando más de lo que lo han hecho en una década (pero, puesto que los sueldos bajan, es como intentar dar en una diana que se mueve). Y a medida que aumenta la carga de la deuda, se hunde más el gasto de los consumidores, y eso hace que la economía siga deprimida.
Las cosas pueden empeorar aún más si las empresas y los consumidores prevén que los sueldos seguirán bajando en el futuro. John Maynard Keynes lo expresó con claridad hace más de 70 años: "Las consecuencias de esperar que los salarios vayan a reducirse, por ejemplo, un 2% durante el próximo año son aproximadamente las mismas que tendría un aumento del 2% en la cantidad de intereses a pagar durante el mismo periodo". Y un aumento del tipo de interés efectivo es lo último que esta economía necesita.
La preocupación por la bajada de los salarios no es solamente teórica. Japón (donde los sueldos del sector privado descendieron como promedio más del 1% al año entre 1997 y 2003) nos brinda una lección práctica sobre la forma en que la deflación salarial puede contribuir al estancamiento económico.
Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de la cada vez más evidente reducción de los salarios en Estados Unidos? Principalmente, que estabilizar la economía no es suficiente: necesitamos una recuperación real.
Últimamente se ha hablado mucho sobre brotes verdes y demás, y, de hecho, hay indicios de que el desplome económico que se inició el otoño pasado podría estar ralentizándose. Incluso es posible que la Oficina Nacional de Investigación Económica anuncie el fin de la recesión a finales de este año.
Pero es casi seguro que la tasa de paro va a seguir aumentando. Y todos los indicios apuntan hacia un mercado laboral cuya situación será terrible durante muchos meses o incluso años, lo que es una receta ideal para que continúen los recortes salariales, los cuales, a su vez, seguirán debilitando a la economía.
Para romper ese círculo vicioso, lo que se necesita básicamente es más: más estímulo económico, más medidas decisivas respecto a los bancos, más creación de empleo.
Al césar lo que es del césar: el presidente Obama y sus asesores económicos parecen haber alejado a la economía del abismo. Pero el peligro de que Estados Unidos se convierta en Japón (y tengamos que enfrentarnos a años de deflación y estancamiento) parece, como mínimo, que está aumentando.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de Economía en 2008. © 2009 New York Times Service. Traducción de News Clips.
El Pais
11-05-2009 - Los salarios están bajando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Algunos de los recortes salariales, como las devoluciones de los trabajadores de Chrysler, son el precio de la ayuda federal. Otros, como la tentativa de acuerdo sobre un recorte salarial en The New York Times, son el resultado de las conversaciones entre los empresarios y sus empleados sindicalistas. Pero hay otros que reflejan la realidad brutal de un mercado laboral débil: los trabajadores no se atreven a protestar cuando les recortan el sueldo porque no creen que puedan encontrar otro trabajo.
Sin embargo, sean cuales sean las circunstancias específicas, la bajada de los salarios es síntoma de una economía enferma. Y es un síntoma que puede hacer que la enfermedad de la economía empeore aún más.
Empecemos por lo primero: las anécdotas sobre las bajadas de los sueldos están proliferando, pero ¿se trata de un fenómeno muy extendido? La respuesta es sí, y mucho.
Es verdad que muchos trabajadores todavía reciben aumentos salariales. Pero hay por ahí suficientes recortes salariales como para que, según la Oficina de Estadística Laboral, el coste medio de dar empleo a trabajadores en el sector privado haya subido sólo un 0,2% en el primer trimestre de este año (el aumento más bajo que se ha registrado). Dado que la situación del mercado laboral sigue empeorando, no sería ninguna sorpresa que los sueldos en general empezasen a bajar a finales de este año.
Pero ¿por qué es eso malo? Después de todo, muchos trabajadores están aceptando recortes salariales a fin de salvar sus empleos. ¿Qué tiene eso de malo?
La respuesta se encuentra en una de esas paradojas que invaden nuestra economía ahora mismo. Padecemos la paradoja del ahorro: ahorrar es una virtud, pero cuando todo el mundo intenta que su capacidad de ahorro aumente radicalmente, la consecuencia es una economía deprimida. Padecemos la paradoja del desapalancamiento: reducir la deuda y sanear los balances generales es bueno, pero cuando todo el mundo intenta vender valores y saldar deudas al mismo tiempo, la consecuencia es una crisis financiera.
Y, dentro de poco, podríamos enfrentarnos a la paradoja de los salarios: los trabajadores de una empresa pueden contribuir a salvar sus empleos accediendo a cobrar sueldos más bajos, pero cuando los empresarios en todos los sectores económicos recortan salarios al mismo tiempo, la consecuencia es un aumento del paro.
Así es como funciona la paradoja. Supongamos que los trabajadores del grupo XYZ aceptan un recorte salarial. Eso permite a la dirección de XYZ bajar los precios, lo que hace que sus productos sean más competitivos. Las ventas aumentan y más trabajadores pueden conservar su empleo. Así que se podría pensar que ese recorte salarial hace aumentar el empleo, lo que es cierto en el caso de la empresa en concreto.
Pero si todo el mundo recorta los sueldos, nadie obtiene una ventaja competitiva. Así que los salarios más bajos no benefician en nada a la economía. Por el contrario, la caída de los sueldos puede empeorar los problemas de la economía en otros frentes.
En particular, la reducción de los salarios, y por tanto, la reducción de los ingresos, agrava el problema de la deuda excesiva: las letras mensuales de la hipoteca no bajan como la nómina. Estados Unidos se metió en esta crisis con una deuda hipotecaria que, expresada como porcentaje de los ingresos, era la más alta desde los años treinta. Las familias tratan de reducir esa deuda ahorrando más de lo que lo han hecho en una década (pero, puesto que los sueldos bajan, es como intentar dar en una diana que se mueve). Y a medida que aumenta la carga de la deuda, se hunde más el gasto de los consumidores, y eso hace que la economía siga deprimida.
Las cosas pueden empeorar aún más si las empresas y los consumidores prevén que los sueldos seguirán bajando en el futuro. John Maynard Keynes lo expresó con claridad hace más de 70 años: "Las consecuencias de esperar que los salarios vayan a reducirse, por ejemplo, un 2% durante el próximo año son aproximadamente las mismas que tendría un aumento del 2% en la cantidad de intereses a pagar durante el mismo periodo". Y un aumento del tipo de interés efectivo es lo último que esta economía necesita.
La preocupación por la bajada de los salarios no es solamente teórica. Japón (donde los sueldos del sector privado descendieron como promedio más del 1% al año entre 1997 y 2003) nos brinda una lección práctica sobre la forma en que la deflación salarial puede contribuir al estancamiento económico.
Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de la cada vez más evidente reducción de los salarios en Estados Unidos? Principalmente, que estabilizar la economía no es suficiente: necesitamos una recuperación real.
Últimamente se ha hablado mucho sobre brotes verdes y demás, y, de hecho, hay indicios de que el desplome económico que se inició el otoño pasado podría estar ralentizándose. Incluso es posible que la Oficina Nacional de Investigación Económica anuncie el fin de la recesión a finales de este año.
Pero es casi seguro que la tasa de paro va a seguir aumentando. Y todos los indicios apuntan hacia un mercado laboral cuya situación será terrible durante muchos meses o incluso años, lo que es una receta ideal para que continúen los recortes salariales, los cuales, a su vez, seguirán debilitando a la economía.
Para romper ese círculo vicioso, lo que se necesita básicamente es más: más estímulo económico, más medidas decisivas respecto a los bancos, más creación de empleo.
Al césar lo que es del césar: el presidente Obama y sus asesores económicos parecen haber alejado a la economía del abismo. Pero el peligro de que Estados Unidos se convierta en Japón (y tengamos que enfrentarnos a años de deflación y estancamiento) parece, como mínimo, que está aumentando.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de Economía en 2008. © 2009 New York Times Service. Traducción de News Clips.
El Pais
21.4.09
El Banco de España plantea aplicar la rebaja de los precios a las pensiones
El documento enviado al Congreso aboga por aumentar la edad de jubilación, subir los años para calcular la prestación y un IPC especial para el colectivo
22-04-2009 - Más ciudadanos, con más esperanza de vida y con más derechos acumulados obligan a hilar muy fino para mantener en pie, sin sobresaltos, el sistema público de pensiones. Así lo cree el Banco de España, que ha elaborado un documento, titulado La reforma del sistema de pensiones en España, en el que propone, entre otros puntos, ajustar las pensiones a la evolución de los precios de forma "estricta", es decir, descontando lo que sea menester si el IPC acaba por debajo de lo previsto.
El documento ha sido enviado a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y fue la base de la polémica intervención del gobernador del organismo supervisor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la pasada semana. Fuentes del Banco de España insisten en que se trata de un documento de carácter técnico, elaborado por el Servicio de Estudios y realizado a petición de la Comisión. Insistieron en que, como ya dijo Ordóñez, cualquier decisión al respecto debe ser política y tomada en el seno del Pacto de Toledo.
El informe descansa en una idea central: para mantener el sistema de pensiones vigente en España, basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional, hay que emprender reformas urgentes. La inactividad supondría un riesgo porque las proyecciones de Eurostat, la oficina de estadística de la UE, señalan que de aquí al año 2060 vamos a ser más (6,5 millones más), más viejos (la esperanza de vida de hombres y mujeres crecerá en 7,5 y 5,7 años respectivamente) y con una tasa de natalidad escasa (1,39 hijos por mujer). De no actuar, el gasto en pensiones contributivas llegaría al 14% del producto interior bruto (PIB) en 2060 desde el 7,6% de 2007. Todo para hacer frente a una tasa de dependencia (población mayor de 65 años en relación a la población en edad de trabajar) que se disparará 35 puntos, hasta llegar al 59,1% en 2060, ocho puntos por encima de la media de la UE-15 en dicho año.
El panorama es oscuro. Estará marcado por el aumento del gasto y por el déficit en el sistema contributivo. Hay que actuar pronto, precisa el Banco de España, incluso aunque las simulaciones recojan que crecerá el empleo y la productividad. ¿Cuáles son las soluciones? Según la institución, reflexionar sobre vías de reforma, entre ellas éstas
:
- Más años para calcular la pensión. Podría reducirse el gasto extendiendo el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 15 años como se hace desde 2002. La medida aumentaría la relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones realizadas.
- Revalorización estricta con el IPC. En la actualidad, las pensiones se revalorizan con el IPC previsto y se revisan cada año con el IPC de noviembre para compensar la desviación. Hasta ahora como la inflación ha superado casi siempre el IPC previsto (el 2%), los pensionistas han recibido una paga por el exceso y han consolidado la cuantía para el cálculo de la subida del año siguiente. Este año, sin embargo, es posible que el IPC de noviembre sea inferior al 2%, lo que plantearía el problema de descontar o no a los pensionistas lo cobrado en exceso y cuándo, La propuesta del Banco de España hace la recomendación de que se efectúe "también una revisión automática de las pensiones en el caso de que el IPC observado fuese inferior al programado", sin entrar en detalles. Además, sugiere que podría elaborarse un IPC ajustado a las pautas de consumo de los jubilados.
- Ligar la esperanza de vida a la pensión. Se ajustaría la cuantía de la pensión al aumento de la esperanza de vida.
- Supresión de topes. En la actualidad, los tipos de cotización a la Seguridad Social se aplican sobre unos topes salariales máximos y mínimos. Eliminarlos elevaría los ingresos.
- Incremento de dotaciones al Fondo de Reserva. Debería procederse a separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, cotizaciones y aportaciones del Estado, de forma que el superávit por cotizaciones sirviera sólo para aumentar las reservas.
SANTIAGO CARCAR
El Pais
22-04-2009 - Más ciudadanos, con más esperanza de vida y con más derechos acumulados obligan a hilar muy fino para mantener en pie, sin sobresaltos, el sistema público de pensiones. Así lo cree el Banco de España, que ha elaborado un documento, titulado La reforma del sistema de pensiones en España, en el que propone, entre otros puntos, ajustar las pensiones a la evolución de los precios de forma "estricta", es decir, descontando lo que sea menester si el IPC acaba por debajo de lo previsto.
El documento ha sido enviado a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y fue la base de la polémica intervención del gobernador del organismo supervisor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la pasada semana. Fuentes del Banco de España insisten en que se trata de un documento de carácter técnico, elaborado por el Servicio de Estudios y realizado a petición de la Comisión. Insistieron en que, como ya dijo Ordóñez, cualquier decisión al respecto debe ser política y tomada en el seno del Pacto de Toledo.
El informe descansa en una idea central: para mantener el sistema de pensiones vigente en España, basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional, hay que emprender reformas urgentes. La inactividad supondría un riesgo porque las proyecciones de Eurostat, la oficina de estadística de la UE, señalan que de aquí al año 2060 vamos a ser más (6,5 millones más), más viejos (la esperanza de vida de hombres y mujeres crecerá en 7,5 y 5,7 años respectivamente) y con una tasa de natalidad escasa (1,39 hijos por mujer). De no actuar, el gasto en pensiones contributivas llegaría al 14% del producto interior bruto (PIB) en 2060 desde el 7,6% de 2007. Todo para hacer frente a una tasa de dependencia (población mayor de 65 años en relación a la población en edad de trabajar) que se disparará 35 puntos, hasta llegar al 59,1% en 2060, ocho puntos por encima de la media de la UE-15 en dicho año.
El panorama es oscuro. Estará marcado por el aumento del gasto y por el déficit en el sistema contributivo. Hay que actuar pronto, precisa el Banco de España, incluso aunque las simulaciones recojan que crecerá el empleo y la productividad. ¿Cuáles son las soluciones? Según la institución, reflexionar sobre vías de reforma, entre ellas éstas
:
- Más años para calcular la pensión. Podría reducirse el gasto extendiendo el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 15 años como se hace desde 2002. La medida aumentaría la relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones realizadas.
- Revalorización estricta con el IPC. En la actualidad, las pensiones se revalorizan con el IPC previsto y se revisan cada año con el IPC de noviembre para compensar la desviación. Hasta ahora como la inflación ha superado casi siempre el IPC previsto (el 2%), los pensionistas han recibido una paga por el exceso y han consolidado la cuantía para el cálculo de la subida del año siguiente. Este año, sin embargo, es posible que el IPC de noviembre sea inferior al 2%, lo que plantearía el problema de descontar o no a los pensionistas lo cobrado en exceso y cuándo, La propuesta del Banco de España hace la recomendación de que se efectúe "también una revisión automática de las pensiones en el caso de que el IPC observado fuese inferior al programado", sin entrar en detalles. Además, sugiere que podría elaborarse un IPC ajustado a las pautas de consumo de los jubilados.
- Ligar la esperanza de vida a la pensión. Se ajustaría la cuantía de la pensión al aumento de la esperanza de vida.
- Supresión de topes. En la actualidad, los tipos de cotización a la Seguridad Social se aplican sobre unos topes salariales máximos y mínimos. Eliminarlos elevaría los ingresos.
- Incremento de dotaciones al Fondo de Reserva. Debería procederse a separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, cotizaciones y aportaciones del Estado, de forma que el superávit por cotizaciones sirviera sólo para aumentar las reservas.
SANTIAGO CARCAR
El Pais
16.3.09
Necesitamos una lectura política de la crisis
La política nacional es ya incapaz de jugar su papel regulador y de contrapoder de unos mercados que son globales.
Joan Coscubiela
Cuando ya llevamos 18 meses desde los inicios de la crisis, el desconcierto sobre lo que esta pasando y lo que nos queda por venir va en aumento. Se ha tardado mucho en aceptar las dimensiones de la crisis, más en identificar las causas económicas que la han propiciado, pero se continua negando una lectura política de la crisis. Y se nos quieren colar falsas salidas, que pueden incrementar más los desequilibrios sociales.
Sin duda estamos ante una crisis profunda del sistema financiero mundial, porque ahí se encuentra uno de sus epicentros, pero eso no lo explica todo. La globalización financiera ha provocado que esta no sea una crisis más, es la primera crisis económica de dimensiones planetarias, de la que - contra los primeros indicios - no se escapa nadie. Ha entrado en crisis y eso comienza a aceptarse una manera de entenderse la política y sobre todo el desequilibrio actual entre mercado y sociedad, entre economía y política.
La política nacional es ya incapaz de jugar su papel regulador y de contrapoder de unos mercados que son globales.
En estos momentos no podemos contentarnos con recibir una explicación económica a lo que ha pasado en base a un mal cálculo de los riesgos de los productos financieros, su sofisticación, su deficiente regulación o los abusos producidos por un conjunto de desaprensivos. Esta es una explicación muy complaciente con el sistema social construido en las tres últimas décadas.
Lo que ha pasado tiene una significación social y política mayor. Se han roto los equilibrios básicos que dan sentido al estado social de derecho. Los equilibrios entre beneficio privado e interés público, los equilibrios entre competitividad i cooperación, los equilibrios entre rentabilidad del capital y retribución del trabajo.Y todo ello se ha construido sobre un paradigma social de gran fuerza, de ahí el comportamiento gregario del conjunto de la sociedad, desde los gestores financieros, hasta los empresarios inmobiliarios, pasando por las empresas y no pocos particulares.
Este paradigma dominante es de la externalización de riesgos y costes a terceros: las empresas financieras han externalizado riesgos hacia terceros, titularizando sus activos de difícil realización, otras empresas han externalizado estos riesgos hacia las empresas aseguradoras. Pero eso no ha sucedido solo en el sistema financiero. En el mundo de la economía productiva de bienes o servicios la estrategia dominante es la de un sistema productivo donde unos pocos controlan productos y mercados y externalizan los costes y riesgos de la producción hacia empresas periféricas. Y así en cadena hasta llegar al trabajador autónomo. Se externalizan riesgos entre los propios trabajadores,derivando hacia los inmigrantes los trabajos más precarios, hacia las mujeres las actividades menos reconocidas en términos profesionales y salariales, hacia los jóvenes los mecanismos de desregulación como la contratación temporal o las reestructuraciones de costes salariales en forma de dobles escalas salariales. Se están externalixando riesgos en términos generacionales, con la manera de diferir el pago a futuro de las grandes infraestructuras, o en aumento considerable del déficit y la deuda pública, incluso con el déficit de tarifa eléctrica que el estado reconoce a las empresas eléctricas y que se compromete a pagar en el futuro. Y también en términos generacionales se externalizan riesgos ecológicos y ambientales
Ha sido esta descomunal estrategia global de externalización de costes y riesgos la que ha saltado por los aires y nos esta rebotando como un inmenso boomerang planetario. Ha sido también este paradigma social el que ha provocado una de las etapas de mayor concentración de la riquezay la que ahora dificulta una rápida recuperación, porque la inmensa mayoría de la población mundial no esta en condiciones de contribuir a la recuperación de la economía.
Es esta la lectura que debe hacerse, para intentar no solo apedazar el sistema económico si no para incorporar reformas profundas.
Y ante ello nos encontramos que los poderosos nos plantean falsas y tramposas respuestas.
Primero. Como quiera que las empresas financieras son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y no se las puede dejar quebrar como a cualquier empresa, los poderes públicos tienen que ir a su rescate, pero sin hacer nada más, sin garantizar el control político de las mismas ni introducir reformas significativas. Por eso las medidas propuestas por el G-20 no van al fondo del asunto, por eso no se apuesta por verdaderas regulaciones internacionales, por eso se plantean propuestas cosméticas en relación a los paraísos fiscales y el secreto bancario y no su desaparición. Si se ha llegado a la convicción que el sistema financiero es un servicio esencial para la sociedad, esta consideración debe conllevar conseqüencias políticas y no dejar las cosas como estan y mantener el sistema financiero conectado a las ayudas públicas.
Este es uno de los desequilibrios que los poderosos quieren mantener entre mercado y sociedad, entre capital y trabajo. Si la globalización permite al capital moverse libremente por todo el planeta, debe aceptarse que exista regulación internacional y debe exigirse que todos los poderes públicos de cualquier país tengan la obligación de cooperación para garantizar que el capital cumple responsablemente con su función social.
Segundo. En algunos países como España bajo la apariencia de medidas para mejorar la economía se presentan propuestas que no pretende otra cosa que distribuir de manera aún más desequilibrada los costes de la crisis. Las propuestas de reforma laboral, de desregulación de las relaciones laborales, de reducción e la protección ante el despido por la vía de reducir las indemnizaciones o de rebajas fiscales o de reducción del gasto público no pretende mejorar la situación econòmica, si no distribuir los costes de la crisis en una determinada dirección.
Tercero. Se pretende poner en marcha medidas de apoyo público a la actividad económica que pueden dejar fuera a una buena parte de la ciudadanía,aquella que quedaría al margen de los beneficios laborales, sociales o de capacidad de consumo de las medidas fiscales propuestas. Claro que como son los sectores sociales excluidos de la participación social y política, no son objeto de atención ni preocupación, más que cuando se convierten en un problema de seguridad para los que estan dentro muralla.
Hoy ya es evidente que estamos no ante un triple reto que se esta dando al mismo tiempo y de manera entrecruzada. El de la salida de la la crisis, el de la distribución social de los costes de la crisis. Y la batalla por decidir que sociedad queda después de la crisis.
Si la izquierda no hace una lectura política de la crisis, el riesgo de perder todas estas batallas es importante. Y en algunos lugares esta dificultad es mayor, porque la izquierda tiene una reflexión absolutamente gubernamentalizada, es decir absolutamente condicionada por sus labores de gobierno. Es lo que sucede en España y me atrevo a decir que más en Catalunya, donde una vez más no sabemos cual es el relato que nos propone el gobierno y donde de manera frecuente es fàcil divisar no uno si no tres relatos distintos y nada complementarios.La ciudadania que suele comportarse como mucho sentido común, sabe que las soluciones no son faciles y no dependen exclusivamente de Catalunya o España. Pero no parece dispuesta a aceptar que no se le ofrezca una explicación y una orientación clara en terminos sociales y mucho menos que se pretenda aprovechar la crsis para hacer ajustes que hagan más desigual nuestra sociedad.
Desde la sociedad, desde las organizaciones sociales debe exigirse una lectura política de lo que ha sucedido y negarnos a aceptar falsas y tramposas salidas.
Joan Coscubiela
Joan Coscubiela
Cuando ya llevamos 18 meses desde los inicios de la crisis, el desconcierto sobre lo que esta pasando y lo que nos queda por venir va en aumento. Se ha tardado mucho en aceptar las dimensiones de la crisis, más en identificar las causas económicas que la han propiciado, pero se continua negando una lectura política de la crisis. Y se nos quieren colar falsas salidas, que pueden incrementar más los desequilibrios sociales.
Sin duda estamos ante una crisis profunda del sistema financiero mundial, porque ahí se encuentra uno de sus epicentros, pero eso no lo explica todo. La globalización financiera ha provocado que esta no sea una crisis más, es la primera crisis económica de dimensiones planetarias, de la que - contra los primeros indicios - no se escapa nadie. Ha entrado en crisis y eso comienza a aceptarse una manera de entenderse la política y sobre todo el desequilibrio actual entre mercado y sociedad, entre economía y política.
La política nacional es ya incapaz de jugar su papel regulador y de contrapoder de unos mercados que son globales.
En estos momentos no podemos contentarnos con recibir una explicación económica a lo que ha pasado en base a un mal cálculo de los riesgos de los productos financieros, su sofisticación, su deficiente regulación o los abusos producidos por un conjunto de desaprensivos. Esta es una explicación muy complaciente con el sistema social construido en las tres últimas décadas.
Lo que ha pasado tiene una significación social y política mayor. Se han roto los equilibrios básicos que dan sentido al estado social de derecho. Los equilibrios entre beneficio privado e interés público, los equilibrios entre competitividad i cooperación, los equilibrios entre rentabilidad del capital y retribución del trabajo.Y todo ello se ha construido sobre un paradigma social de gran fuerza, de ahí el comportamiento gregario del conjunto de la sociedad, desde los gestores financieros, hasta los empresarios inmobiliarios, pasando por las empresas y no pocos particulares.
Este paradigma dominante es de la externalización de riesgos y costes a terceros: las empresas financieras han externalizado riesgos hacia terceros, titularizando sus activos de difícil realización, otras empresas han externalizado estos riesgos hacia las empresas aseguradoras. Pero eso no ha sucedido solo en el sistema financiero. En el mundo de la economía productiva de bienes o servicios la estrategia dominante es la de un sistema productivo donde unos pocos controlan productos y mercados y externalizan los costes y riesgos de la producción hacia empresas periféricas. Y así en cadena hasta llegar al trabajador autónomo. Se externalizan riesgos entre los propios trabajadores,derivando hacia los inmigrantes los trabajos más precarios, hacia las mujeres las actividades menos reconocidas en términos profesionales y salariales, hacia los jóvenes los mecanismos de desregulación como la contratación temporal o las reestructuraciones de costes salariales en forma de dobles escalas salariales. Se están externalixando riesgos en términos generacionales, con la manera de diferir el pago a futuro de las grandes infraestructuras, o en aumento considerable del déficit y la deuda pública, incluso con el déficit de tarifa eléctrica que el estado reconoce a las empresas eléctricas y que se compromete a pagar en el futuro. Y también en términos generacionales se externalizan riesgos ecológicos y ambientales
Ha sido esta descomunal estrategia global de externalización de costes y riesgos la que ha saltado por los aires y nos esta rebotando como un inmenso boomerang planetario. Ha sido también este paradigma social el que ha provocado una de las etapas de mayor concentración de la riquezay la que ahora dificulta una rápida recuperación, porque la inmensa mayoría de la población mundial no esta en condiciones de contribuir a la recuperación de la economía.
Es esta la lectura que debe hacerse, para intentar no solo apedazar el sistema económico si no para incorporar reformas profundas.
Y ante ello nos encontramos que los poderosos nos plantean falsas y tramposas respuestas.
Primero. Como quiera que las empresas financieras son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y no se las puede dejar quebrar como a cualquier empresa, los poderes públicos tienen que ir a su rescate, pero sin hacer nada más, sin garantizar el control político de las mismas ni introducir reformas significativas. Por eso las medidas propuestas por el G-20 no van al fondo del asunto, por eso no se apuesta por verdaderas regulaciones internacionales, por eso se plantean propuestas cosméticas en relación a los paraísos fiscales y el secreto bancario y no su desaparición. Si se ha llegado a la convicción que el sistema financiero es un servicio esencial para la sociedad, esta consideración debe conllevar conseqüencias políticas y no dejar las cosas como estan y mantener el sistema financiero conectado a las ayudas públicas.
Este es uno de los desequilibrios que los poderosos quieren mantener entre mercado y sociedad, entre capital y trabajo. Si la globalización permite al capital moverse libremente por todo el planeta, debe aceptarse que exista regulación internacional y debe exigirse que todos los poderes públicos de cualquier país tengan la obligación de cooperación para garantizar que el capital cumple responsablemente con su función social.
Segundo. En algunos países como España bajo la apariencia de medidas para mejorar la economía se presentan propuestas que no pretende otra cosa que distribuir de manera aún más desequilibrada los costes de la crisis. Las propuestas de reforma laboral, de desregulación de las relaciones laborales, de reducción e la protección ante el despido por la vía de reducir las indemnizaciones o de rebajas fiscales o de reducción del gasto público no pretende mejorar la situación econòmica, si no distribuir los costes de la crisis en una determinada dirección.
Tercero. Se pretende poner en marcha medidas de apoyo público a la actividad económica que pueden dejar fuera a una buena parte de la ciudadanía,aquella que quedaría al margen de los beneficios laborales, sociales o de capacidad de consumo de las medidas fiscales propuestas. Claro que como son los sectores sociales excluidos de la participación social y política, no son objeto de atención ni preocupación, más que cuando se convierten en un problema de seguridad para los que estan dentro muralla.
Hoy ya es evidente que estamos no ante un triple reto que se esta dando al mismo tiempo y de manera entrecruzada. El de la salida de la la crisis, el de la distribución social de los costes de la crisis. Y la batalla por decidir que sociedad queda después de la crisis.
Si la izquierda no hace una lectura política de la crisis, el riesgo de perder todas estas batallas es importante. Y en algunos lugares esta dificultad es mayor, porque la izquierda tiene una reflexión absolutamente gubernamentalizada, es decir absolutamente condicionada por sus labores de gobierno. Es lo que sucede en España y me atrevo a decir que más en Catalunya, donde una vez más no sabemos cual es el relato que nos propone el gobierno y donde de manera frecuente es fàcil divisar no uno si no tres relatos distintos y nada complementarios.La ciudadania que suele comportarse como mucho sentido común, sabe que las soluciones no son faciles y no dependen exclusivamente de Catalunya o España. Pero no parece dispuesta a aceptar que no se le ofrezca una explicación y una orientación clara en terminos sociales y mucho menos que se pretenda aprovechar la crsis para hacer ajustes que hagan más desigual nuestra sociedad.
Desde la sociedad, desde las organizaciones sociales debe exigirse una lectura política de lo que ha sucedido y negarnos a aceptar falsas y tramposas salidas.
Joan Coscubiela
19.2.09
La gota malaya de la reforma laboral
La recurrente demanda de otra reforma que flexibilice aún más las relaciones laborales y abarate y facilite en mayor medida el despido es como una gota malaya que siempre percute, que nunca desaparece.
JOSE MARÍA ZUFIAUR
10 de febrero de 2009
19-02-2009 - En el inventario de tormentos descrito en 1899 por Octave Mirbeau en el “jardín de los suplicios” se catalogan algunos de los más duros y eficaces, como el cinturón de San Erasmo provisto de púas en el interior y otros muchos que les ahorro. A la violencia sádica de los suplicios de Mirbeau, la “gota malaya” añade su implacable lentitud. Consistente en hacer caer sobre la frente del torturado una gota de agua fría cada cinco segundos, esta tortura a cámara lenta terminaba volviendo locas a sus desdichadas víctimas y reventando a los pocos días su sistema cardiovascular.
Casi treinta años después de la aprobación en democracia de la norma suprema de nuestra regulación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, cuyos contenidos básicos fueron pactados entre la CEOE y la UGT, en 1979, y tras cinco cuatro reformas laborales – en 1984, 1994, 1997, 2001, 2002 - la recurrente demanda de otra nueva que flexibilice aún más las relaciones laborales y abarate y facilite en mayor medida el despido es como una gota malaya que siempre percute, que nunca desaparece. En tiempos de crecimiento económico o de crisis, en momentos en que España crea más empleo que ningún otro país o que lo pierde a una velocidad que no tiene parangón en lugar alguno. Cuando acabábamos de salir del franquismo o tres décadas después y tras cinco reformas laborales, gobierne la derecha o la izquierda – si de izquierdas hubieran catalogado sus políticas Boyer, Solchaga, Solbes I y Solbes II, más bien dados, entonces y ahora, a reivindicar eclécticamente la única política económica posible. Incluso ahora que la patronal reivindica poner en paréntesis todos sus postulados básicos…menos éste; pase lo que pase, siempre la misma receta: más flexibilidad laboral, más facilidades de despido. Como dejó sentado el laureado Almodóvar, hagas lo que hagas...
La presidencia de la CEOE, al tiempo que reclama abrir urgentemente un paréntesis en la economía de mercado para salvarla de sí misma, demanda abaratar los despidos y seudo-congelar los salarios. Sus homólogos madrileños de la CEIM, alentados por la experta afirmación de la Presidenta de la Comunidad en el sentido de que “tenemos una legislación laboral franquista”, proponen un “contrato de crisis” que equipare la indemnización por despido improcedente a la que se aplica a las extinciones por causas objetivas del contrato de trabajo y que, además, ese nuevo contrato no requiera justificación y esté bonificado. Algunos de los dirigentes empresariales, cuyos contratos blindados les aseguran rescisiones contractuales de varios millones de euros, se suman también al coro reclamando despidos más baratos y normas laborales más flexibles. Un catedrático de derecho del trabajo, con reconocido prestigio adquirido en la defensa de empresas, vuelve a las “fórmulas imaginativas” experimentadas hace 25 años, como los contratos de nueva actividad o de fomento del empleo sin causa. A las que añade otras sugerentes propuestas como la generalización de las dobles escalas - salariales y de condiciones de trabajo -, el contrato a llamada, la flexibilización del contrato a tiempo parcial, la limitación o incluso la eliminación de los aumentos salariales. A su vez, el gobernador del Banco de España – quien a la pesada responsabilidad que tiene encomendada respecto del sistema financiero y la estabilidad monetaria añade voluntariamente la carga de velar por el mercado de trabajo y las relaciones laborales - aboga por un cambio radical en la negociación colectiva, arremetiendo contra la inderogabilidad del convenio colectivo en beneficio de los acuerdos individuales entre empresario y trabajador. El alegato del Sr. Fernández Ordóñez colisiona no sólo con el artículo 37 de la Constitución, que ampara la “fuerza vinculante” del convenio, sino también con la reciente resolución del Parlamento Europeo aprobada con ocasión del debate sobre la directiva de tiempo de trabajo. Posteriormente, el Gobernador ha abogado también por otras tesis, de parecido calado, respecto al despido y a las indemnizaciones de desempleo. Pareciera que sólo el firme rechazo del Presidente del Gobierno a entrar en una dialéctica que añadiría a la gravedad de la crisis un gran conflicto social ha evitado hasta ahora que tantos cantos de sirena se conviertan en otro proyecto gubernamental de reforma laboral.
Defender, en un período en el que estamos destruyendo más de 6.000 empleos al día, que el abaratamiento del despido reduciría la pérdida de puestos de trabajo es como sostener que la reducción de los impuestos sobre el tabaco o el alcohol disminuiría su consumo. Abaratar el precio del despido aumentaría aún más, sin duda, el ritmo de destrucción de empleo o, en el mejor de los casos, sólo serviría para sustituir más despidos de contratos indefinidos por algunos menos de temporales.
La experiencia tampoco avala la idea de que simplemente por abaratar el despido se reduzca significativamente la temporalidad. No sucedió así con las reformas de 1997 y 2002, pese a que las mismas redujeron sustancialmente los costes de despido de los contratos indefinidos. Mejores resultados, aunque coyunturales, produjeron las medidas laborales de mayo de 2006, dirigidas no a abaratar el despido sino a reducir la temporalidad mediante incentivos a la contratación indefinida; y a la conversión de contratos temporales en indefinidos (Pérez Infante, 2007)[1]. Sobre todo porque coincidió con el embalsamiento de muchos contratos que habían agotado todas las renovaciones posibles y con un nuevo contexto del mercado de trabajo, con menores niveles de paro y mayor escasez relativa de oferta de trabajo.
Igualmente ¿es razonable pensar que ahora se podría reducir el paro con la vuelta a fórmulas contractuales, como las de nueva actividad o de fomento del empleo que reclama el profesor Sagardoy, que cuando estaban vigentes no impidieron que la tasa de paro ascendiera, durante la recesión de 1991-1993, al 24%?
Nuestro modelo laboral necesita un arreglo en profundidad. Pero no, en mi opinión, porque sea poco flexible y elástico sino por exceso de desregulación. Es un modelo basado en la precariedad y que convierte al empleo en la variable de ajuste del sistema económico, un modelo laboral caracterizado por una gran dualidad y segmentación y con un porcentaje de bajos salarios muy superior al de nuestros socios europeos. Pero ¿se puede sostener que es poco flexible un mercado de trabajo en el que en los últimos 15 años se han creado más de 8 millones de puestos de trabajo, más que en ningún otro país europeo; que ha aumentado un 70% el volumen de ocupados y un 15% la tasa de empleo; en el que el desempleo se ha reducido en el período alcista del ciclo económico en más de 14 puntos, pese a un aumento de la población activa sin parangón en otros países; en el que se realizan cada año en torno a 17/18 millones de contratos y donde existe una enorme rotación, tanto en el empleo temporal como en el fijo y en el que el paro de larga duración se ha reducido mucho más acentuadamente que en los demás países? ¿O no es signo de flexibilidad extrema el que ese mismo paro de larga duración haya aumentado un 56% en un año, desde que se ha desencadenado la crisis? ¿Puede sostenerse que es poco elástico un mercado de trabajo que, en la fase recesiva, pierde empleo a un ritmo espectacularmente más acentuado que cuando lo crea en el período alcista y a mucha mayor velocidad que la de otras economías de nuestro entorno, aquejadas de una recesión parecida? Y no sólo ahora, con la especial incidencia del sector de la construcción: lo mismo sucedió durante la crisis de los primeros años 90. ¿Es tan rígido nuestro sistema de despido que, según los datos de la OCDE, en la extinción de los contratos indefinidos individuales está en la media del conjunto de sus miembros y, en los despidos colectivos, por debajo de la media y de países como Alemania, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Suecia o Italia? Con estos datos, es difícil de comprender, como se pretende, que nuestra capacidad de crear empleo, o de ajustarlo, esté rígidamente condicionada (A.González, 2008)[2].
De igual manera, parece muy necesario regular más y mejor nuestro modelo laboral, además de por ser tremendamente injusto socialmente porque es claramente disfuncional para el sistema productivo. Sería muy conveniente, en mi opinión, que nos preguntáramos sobre los efectos negativos que tal modelo laboral representa para la eficiencia de nuestro sistema productivo (A.González, 2008)[3]. Es un modelo que, al estar asentado sobre la temporalidad y la facilidad de rotación y salida del mercado de trabajo, genera un círculo vicioso de bajos salarios, concentración en actividades de bajo valor añadido, escasa productividad del trabajo y compulsiva inestabilidad del empleo. Es un modelo que, por todo ello, tiende a la dejación del esfuerzo necesario en otras políticas – dotación de capital privado y público, esfuerzo en innovación, en modernización organizativa de las empresas, en educación, en políticas activas del mercado de trabajo…factores todos ellos en los que somos claramente deficitarios. Demandando y esperando siempre lo mismo – más flexibilidad laboral – llevamos más de 25 años sin abordar estas otras cuestiones centrales para nuestra eficiencia económica. En suma, no es que tengamos poca competitividad y comparativamente muy bajos niveles de productividad porque nuestro sistema de relaciones laborales y nuestro mercado de trabajo sean rígidos. Más bien, creo, convendría analizar si el problema no es el contrario: que nuestro modelo laboral demasiado precario, desigual, elástico, inestable (y desequilibrado en las relaciones de poder obrero-patronales) está condicionando muy poderosamente el que tengamos un modelo económico de baja productividad y poco competitivo.
Esta crisis no está creada, ni a nivel internacional ni en España, por el funcionamiento del mercado de trabajo. Ni se va a solucionar mediante reformas laborales. De hecho, en ningún país europeo, salvo en éste, se están planteando medidas en ese sentido para salir de la crisis creada por el sistema financiero. Lo que, a corto plazo, demanda la situación son políticas de incentivación de la demanda y de creación de empleo. Empezando por aquellos sectores en los que España es claramente deficitaria: los servicios a la comunidad, como los relacionados con la dependencia, la atención a los niños de 0 a 3 años, la sanidad, la educación. Y, a medio plazo, acabar con el modelo de precariedad laboral creado en 1984 y abordar la construcción de un modelo productivo basado en la alta productividad y no en la precariedad y los bajos salarios.
Finalmente, sería muy conveniente que los apologetas de la “auténtica”, además de enésima, reforma laboral fueran aclarando exactamente lo que desean. ¿Desean que el despido improcedente (“usted, porque es rubio, a la calle”) sea sustituido, como en algunos países europeos, por un sistema en el que los jueces decidan cuándo es un despido socialmente justificado? ¿O quieren eliminar las causas objetivas del despido y que el despido improcedente cueste, como ahora los despidos objetivos, 20 días por año? ¿Están dispuestos a eliminar realmente las contrataciones temporales no causales o siguen queriendo mantenerlas en la práctica y que éstas sigan teniendo una indemnización por extinción contractual de 8 días por año trabajado? ¿Están hablando de unificar el mercado de trabajo por el procedimiento de que los contratos indefinidos puedan extinguirse en el futuro sin causa objetiva y por el precio de rescisión de los temporales? ¿Desean mejorar la negociación colectiva o simplemente ir sustituyéndola por la individual? ¿O, pura y simplemente, ir sustituyendo poco a poco el derecho del trabajo por el derecho mercantil? ¿ Quieren que, como en Dinamarca, la flexi-seguridad, además de condiciones mucho más flexibles de despido individual, implique un reforzamiento del poder sindical para alcanzar niveles de afiliación superiores al 80%; que los despidos colectivos conlleven mayores dificultades que en nuestro país en términos de procedimientos, de preavisos, de causas de rescisión de los contratos; que conlleve un gasto público en políticas activas, para favorecer la recolocación de los parados, equivalente al 5% del PIB; que asegure prestaciones por desempleo a los parados durante 4 años equivalentes al 90% de lo que cobraban en activo; y que acarree niveles impositivos muy superiores a los españoles para poder mantener este tipo de políticas? Sería muy conveniente que lo aclararan.
JOSE MARÍA ZUFIAUR
10 de febrero de 2009
Notas
[1] Ignacio Pérez Infante “La reforma laboral de 2006 y el cambio en el sistema de incentivos a la contratación indefinida en España. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (66), 2007
[2] Antonio González. “Rasgos del modelo laboral español e implicaciones sobre el trabajo y el empleo”, 2008. Obra colectiva sobre “Los retos de la igualdad y la no discriminación en el trabajo en España”, en curso de edición. Fundación Francisco Largo Caballero y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
[3] Antonio González. Idem.
JOSE MARÍA ZUFIAUR
10 de febrero de 2009
19-02-2009 - En el inventario de tormentos descrito en 1899 por Octave Mirbeau en el “jardín de los suplicios” se catalogan algunos de los más duros y eficaces, como el cinturón de San Erasmo provisto de púas en el interior y otros muchos que les ahorro. A la violencia sádica de los suplicios de Mirbeau, la “gota malaya” añade su implacable lentitud. Consistente en hacer caer sobre la frente del torturado una gota de agua fría cada cinco segundos, esta tortura a cámara lenta terminaba volviendo locas a sus desdichadas víctimas y reventando a los pocos días su sistema cardiovascular.
Casi treinta años después de la aprobación en democracia de la norma suprema de nuestra regulación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, cuyos contenidos básicos fueron pactados entre la CEOE y la UGT, en 1979, y tras cinco cuatro reformas laborales – en 1984, 1994, 1997, 2001, 2002 - la recurrente demanda de otra nueva que flexibilice aún más las relaciones laborales y abarate y facilite en mayor medida el despido es como una gota malaya que siempre percute, que nunca desaparece. En tiempos de crecimiento económico o de crisis, en momentos en que España crea más empleo que ningún otro país o que lo pierde a una velocidad que no tiene parangón en lugar alguno. Cuando acabábamos de salir del franquismo o tres décadas después y tras cinco reformas laborales, gobierne la derecha o la izquierda – si de izquierdas hubieran catalogado sus políticas Boyer, Solchaga, Solbes I y Solbes II, más bien dados, entonces y ahora, a reivindicar eclécticamente la única política económica posible. Incluso ahora que la patronal reivindica poner en paréntesis todos sus postulados básicos…menos éste; pase lo que pase, siempre la misma receta: más flexibilidad laboral, más facilidades de despido. Como dejó sentado el laureado Almodóvar, hagas lo que hagas...
La presidencia de la CEOE, al tiempo que reclama abrir urgentemente un paréntesis en la economía de mercado para salvarla de sí misma, demanda abaratar los despidos y seudo-congelar los salarios. Sus homólogos madrileños de la CEIM, alentados por la experta afirmación de la Presidenta de la Comunidad en el sentido de que “tenemos una legislación laboral franquista”, proponen un “contrato de crisis” que equipare la indemnización por despido improcedente a la que se aplica a las extinciones por causas objetivas del contrato de trabajo y que, además, ese nuevo contrato no requiera justificación y esté bonificado. Algunos de los dirigentes empresariales, cuyos contratos blindados les aseguran rescisiones contractuales de varios millones de euros, se suman también al coro reclamando despidos más baratos y normas laborales más flexibles. Un catedrático de derecho del trabajo, con reconocido prestigio adquirido en la defensa de empresas, vuelve a las “fórmulas imaginativas” experimentadas hace 25 años, como los contratos de nueva actividad o de fomento del empleo sin causa. A las que añade otras sugerentes propuestas como la generalización de las dobles escalas - salariales y de condiciones de trabajo -, el contrato a llamada, la flexibilización del contrato a tiempo parcial, la limitación o incluso la eliminación de los aumentos salariales. A su vez, el gobernador del Banco de España – quien a la pesada responsabilidad que tiene encomendada respecto del sistema financiero y la estabilidad monetaria añade voluntariamente la carga de velar por el mercado de trabajo y las relaciones laborales - aboga por un cambio radical en la negociación colectiva, arremetiendo contra la inderogabilidad del convenio colectivo en beneficio de los acuerdos individuales entre empresario y trabajador. El alegato del Sr. Fernández Ordóñez colisiona no sólo con el artículo 37 de la Constitución, que ampara la “fuerza vinculante” del convenio, sino también con la reciente resolución del Parlamento Europeo aprobada con ocasión del debate sobre la directiva de tiempo de trabajo. Posteriormente, el Gobernador ha abogado también por otras tesis, de parecido calado, respecto al despido y a las indemnizaciones de desempleo. Pareciera que sólo el firme rechazo del Presidente del Gobierno a entrar en una dialéctica que añadiría a la gravedad de la crisis un gran conflicto social ha evitado hasta ahora que tantos cantos de sirena se conviertan en otro proyecto gubernamental de reforma laboral.
Defender, en un período en el que estamos destruyendo más de 6.000 empleos al día, que el abaratamiento del despido reduciría la pérdida de puestos de trabajo es como sostener que la reducción de los impuestos sobre el tabaco o el alcohol disminuiría su consumo. Abaratar el precio del despido aumentaría aún más, sin duda, el ritmo de destrucción de empleo o, en el mejor de los casos, sólo serviría para sustituir más despidos de contratos indefinidos por algunos menos de temporales.
La experiencia tampoco avala la idea de que simplemente por abaratar el despido se reduzca significativamente la temporalidad. No sucedió así con las reformas de 1997 y 2002, pese a que las mismas redujeron sustancialmente los costes de despido de los contratos indefinidos. Mejores resultados, aunque coyunturales, produjeron las medidas laborales de mayo de 2006, dirigidas no a abaratar el despido sino a reducir la temporalidad mediante incentivos a la contratación indefinida; y a la conversión de contratos temporales en indefinidos (Pérez Infante, 2007)[1]. Sobre todo porque coincidió con el embalsamiento de muchos contratos que habían agotado todas las renovaciones posibles y con un nuevo contexto del mercado de trabajo, con menores niveles de paro y mayor escasez relativa de oferta de trabajo.
Igualmente ¿es razonable pensar que ahora se podría reducir el paro con la vuelta a fórmulas contractuales, como las de nueva actividad o de fomento del empleo que reclama el profesor Sagardoy, que cuando estaban vigentes no impidieron que la tasa de paro ascendiera, durante la recesión de 1991-1993, al 24%?
Nuestro modelo laboral necesita un arreglo en profundidad. Pero no, en mi opinión, porque sea poco flexible y elástico sino por exceso de desregulación. Es un modelo basado en la precariedad y que convierte al empleo en la variable de ajuste del sistema económico, un modelo laboral caracterizado por una gran dualidad y segmentación y con un porcentaje de bajos salarios muy superior al de nuestros socios europeos. Pero ¿se puede sostener que es poco flexible un mercado de trabajo en el que en los últimos 15 años se han creado más de 8 millones de puestos de trabajo, más que en ningún otro país europeo; que ha aumentado un 70% el volumen de ocupados y un 15% la tasa de empleo; en el que el desempleo se ha reducido en el período alcista del ciclo económico en más de 14 puntos, pese a un aumento de la población activa sin parangón en otros países; en el que se realizan cada año en torno a 17/18 millones de contratos y donde existe una enorme rotación, tanto en el empleo temporal como en el fijo y en el que el paro de larga duración se ha reducido mucho más acentuadamente que en los demás países? ¿O no es signo de flexibilidad extrema el que ese mismo paro de larga duración haya aumentado un 56% en un año, desde que se ha desencadenado la crisis? ¿Puede sostenerse que es poco elástico un mercado de trabajo que, en la fase recesiva, pierde empleo a un ritmo espectacularmente más acentuado que cuando lo crea en el período alcista y a mucha mayor velocidad que la de otras economías de nuestro entorno, aquejadas de una recesión parecida? Y no sólo ahora, con la especial incidencia del sector de la construcción: lo mismo sucedió durante la crisis de los primeros años 90. ¿Es tan rígido nuestro sistema de despido que, según los datos de la OCDE, en la extinción de los contratos indefinidos individuales está en la media del conjunto de sus miembros y, en los despidos colectivos, por debajo de la media y de países como Alemania, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Suecia o Italia? Con estos datos, es difícil de comprender, como se pretende, que nuestra capacidad de crear empleo, o de ajustarlo, esté rígidamente condicionada (A.González, 2008)[2].
De igual manera, parece muy necesario regular más y mejor nuestro modelo laboral, además de por ser tremendamente injusto socialmente porque es claramente disfuncional para el sistema productivo. Sería muy conveniente, en mi opinión, que nos preguntáramos sobre los efectos negativos que tal modelo laboral representa para la eficiencia de nuestro sistema productivo (A.González, 2008)[3]. Es un modelo que, al estar asentado sobre la temporalidad y la facilidad de rotación y salida del mercado de trabajo, genera un círculo vicioso de bajos salarios, concentración en actividades de bajo valor añadido, escasa productividad del trabajo y compulsiva inestabilidad del empleo. Es un modelo que, por todo ello, tiende a la dejación del esfuerzo necesario en otras políticas – dotación de capital privado y público, esfuerzo en innovación, en modernización organizativa de las empresas, en educación, en políticas activas del mercado de trabajo…factores todos ellos en los que somos claramente deficitarios. Demandando y esperando siempre lo mismo – más flexibilidad laboral – llevamos más de 25 años sin abordar estas otras cuestiones centrales para nuestra eficiencia económica. En suma, no es que tengamos poca competitividad y comparativamente muy bajos niveles de productividad porque nuestro sistema de relaciones laborales y nuestro mercado de trabajo sean rígidos. Más bien, creo, convendría analizar si el problema no es el contrario: que nuestro modelo laboral demasiado precario, desigual, elástico, inestable (y desequilibrado en las relaciones de poder obrero-patronales) está condicionando muy poderosamente el que tengamos un modelo económico de baja productividad y poco competitivo.
Esta crisis no está creada, ni a nivel internacional ni en España, por el funcionamiento del mercado de trabajo. Ni se va a solucionar mediante reformas laborales. De hecho, en ningún país europeo, salvo en éste, se están planteando medidas en ese sentido para salir de la crisis creada por el sistema financiero. Lo que, a corto plazo, demanda la situación son políticas de incentivación de la demanda y de creación de empleo. Empezando por aquellos sectores en los que España es claramente deficitaria: los servicios a la comunidad, como los relacionados con la dependencia, la atención a los niños de 0 a 3 años, la sanidad, la educación. Y, a medio plazo, acabar con el modelo de precariedad laboral creado en 1984 y abordar la construcción de un modelo productivo basado en la alta productividad y no en la precariedad y los bajos salarios.
Finalmente, sería muy conveniente que los apologetas de la “auténtica”, además de enésima, reforma laboral fueran aclarando exactamente lo que desean. ¿Desean que el despido improcedente (“usted, porque es rubio, a la calle”) sea sustituido, como en algunos países europeos, por un sistema en el que los jueces decidan cuándo es un despido socialmente justificado? ¿O quieren eliminar las causas objetivas del despido y que el despido improcedente cueste, como ahora los despidos objetivos, 20 días por año? ¿Están dispuestos a eliminar realmente las contrataciones temporales no causales o siguen queriendo mantenerlas en la práctica y que éstas sigan teniendo una indemnización por extinción contractual de 8 días por año trabajado? ¿Están hablando de unificar el mercado de trabajo por el procedimiento de que los contratos indefinidos puedan extinguirse en el futuro sin causa objetiva y por el precio de rescisión de los temporales? ¿Desean mejorar la negociación colectiva o simplemente ir sustituyéndola por la individual? ¿O, pura y simplemente, ir sustituyendo poco a poco el derecho del trabajo por el derecho mercantil? ¿ Quieren que, como en Dinamarca, la flexi-seguridad, además de condiciones mucho más flexibles de despido individual, implique un reforzamiento del poder sindical para alcanzar niveles de afiliación superiores al 80%; que los despidos colectivos conlleven mayores dificultades que en nuestro país en términos de procedimientos, de preavisos, de causas de rescisión de los contratos; que conlleve un gasto público en políticas activas, para favorecer la recolocación de los parados, equivalente al 5% del PIB; que asegure prestaciones por desempleo a los parados durante 4 años equivalentes al 90% de lo que cobraban en activo; y que acarree niveles impositivos muy superiores a los españoles para poder mantener este tipo de políticas? Sería muy conveniente que lo aclararan.
JOSE MARÍA ZUFIAUR
10 de febrero de 2009
Notas
[1] Ignacio Pérez Infante “La reforma laboral de 2006 y el cambio en el sistema de incentivos a la contratación indefinida en España. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (66), 2007
[2] Antonio González. “Rasgos del modelo laboral español e implicaciones sobre el trabajo y el empleo”, 2008. Obra colectiva sobre “Los retos de la igualdad y la no discriminación en el trabajo en España”, en curso de edición. Fundación Francisco Largo Caballero y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
[3] Antonio González. Idem.
30.1.09
España entra en su recesión más grave
La economía retrocedió en los últimos tres meses de 2008 un 1,1%, la mayor caída intertrimestral desde 1960 - El frenazo del consumo es la primera causa
ARIADNA TRILLAS
El Pais, 29-01-2009
- Los españoles cada vez consumen menos. Y el frenazo en sus decisiones de gasto ha sido el factor que más ha contribuido a que España haya entrado en recesión, lo que significa que la economía española ya no sólo no avanza, sino que recula. Este desandar, sellado ayer oficialmente por el Banco de España, no pilló a nadie por sorpresa, pero sí fue llamativa la virulencia con la que cayó el producto interior bruto (PIB) español en la recta final de 2008.
El PIB retrocedió un 0,8% en el cuarto trimestre, comparado con el panorama de un año antes. Sin embargo, si la referencia es el trimestre inmediatamente anterior, el desplome fue total, del 1,1%. La economía española no había dado un salto de longitud hacia atrás intertrimestral tan profundo desde el segundo trimestre de 1960 (caída del 1,9%).
Ya en el tercer trimestre de 2008, el PIB había caído un 0,2%. Y seis meses seguidos de decrecimiento suman el término recesión. La cuestión es cuánto se prolongará este estado. José Luis Rodríguez Zapatero prevé las primeras "señales de recuperación" para finales de 2009, pero no es una opinión que comparta todo el mundo. "Los gobiernos puede que tengan incluso la obligación de calmar los ánimos durante las crisis de confianza, pero no veo ningún dato que permita pensar en un crecimiento positivo a finales de año", comenta Jordi Galí, Doctor en Economía por el Massachussets Institute of Technology (MIT) y catedrático de la Pompeu Fabra. Para Galí, la clave sobre cuánto durará la recesión es "hasta qué punto se pone orden en el sector financiero y se crean condiciones para restablecer los flujos de crédito".
El "ajuste muy severo" sentenciado por el Banco de España -que enmendó por una décima, del 1,2% al 1,1%, el crecimiento estimado por el Gobierno en 2008- no se parece a la anterior recesión de 1993. Y su origen condiciona su duración y gravedad.
El quasi colapso del sistema financiero y la zozobra persistente marcan la actual. "Pero la crisis financiera ha enmascarado el efecto burbuja inmobiliaria, porque las burbujas se tienen que financiar", reflexiona el también doctor por el MIT y profesor del IESE Alfredo Pastor. "El reventón de la burbuja no sólo ha derivado en una crisis de liquidez, sino que ha dejado paso a una crisis de incertidumbre. Eso hace esta recesión más grave", añade.
El debilitamiento de la actividad se está cobrando como caza mayor el empleo, que en el cuarto trimestre cayó un 3% y que, según la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha convertido en "uno de los principales canales de propagación del ajuste hacia el resto de la economía". España tiene 1,28 millones de parados más que en 2007, y suman 3,2 millones. Y la escalada del desempleo trunca, junto a las dificultades para acceder al crédito, el "alivio" que el Banco de España reconoce que pueden sentir las familias por la bajada de precios (la inflación de diciembre, del 1,4%, es la más baja desde 1998), los cuatro recortes de tipos acometidos desde octubre por el Eurobanco (BCE) hasta el 2%, la bajada de las hipotecas (el Euríbor a un año acabará enero en 2,6%) o la bajada del crudo (el brent cotiza a 44 dólares frente a los 146 de julio).
Pese a los llamamientos de Zapatero, el consumo de los hogares en el último trimestre de 2008 registró "crecimiento nulo o negativo". Y globalmente, la demanda interna se desinfló un 2,4%. A la hora de gastar, sólo tira el gasto de las Administraciones Públicas, a un ritmo estable de más del 5%.
En el último trimestre, la inversión residencial se hundió un 20% en términos interanuales. "Colocar en el mercado millón y medio de viviendas requerirá al menos tres años", apunta Joan Casas, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, quien ya se daría con un canto en los dientes "si el panorama mejorara en 2010, porque para que la economía se recupere hacen falta expectativas, que no están ahí, y medidas que refuerzan la competitividad, que llevan su tiempo en dar frutos".
La actual recesión es la primera que vive España sin competencias sobre la devaluación de su moneda. "En los 90, la recuperación llegó del sector exterior", recuerda Galí. "No poder devaluar alargará la crisis, pero si tuviéramos que devaluar sería algo catastrófico", añade Pastor. El Banco de España ve "difícil" que el sector exterior (que cerró 2008 con su primera aportación positiva en 11 años) compense el descalabro de la demanda interna. A diferencia del 93, esta recesión asomó en una España de finanzas saneadas, pero se confirma en un país con un déficit del 3,4% y con previsiones de escalar al 5,8% este año. El supervisor lo justificó por los planes de reactivación del Gobierno, pero puntualizó que la ortodoxia presupuestaria sigue siendo ley y exigió reformas estructurales.
Los datos fueron munición para que el PP de Mariano Rajoy, subrayara "la inutilidad" del Gobierno ante la crisis. El PSOE replicó evocando "la inutilidad" de Rajoy para dominar las dos almas del PP.
ARIADNA TRILLAS
El Pais
ARIADNA TRILLAS
El Pais, 29-01-2009
- Los españoles cada vez consumen menos. Y el frenazo en sus decisiones de gasto ha sido el factor que más ha contribuido a que España haya entrado en recesión, lo que significa que la economía española ya no sólo no avanza, sino que recula. Este desandar, sellado ayer oficialmente por el Banco de España, no pilló a nadie por sorpresa, pero sí fue llamativa la virulencia con la que cayó el producto interior bruto (PIB) español en la recta final de 2008.
El PIB retrocedió un 0,8% en el cuarto trimestre, comparado con el panorama de un año antes. Sin embargo, si la referencia es el trimestre inmediatamente anterior, el desplome fue total, del 1,1%. La economía española no había dado un salto de longitud hacia atrás intertrimestral tan profundo desde el segundo trimestre de 1960 (caída del 1,9%).
Ya en el tercer trimestre de 2008, el PIB había caído un 0,2%. Y seis meses seguidos de decrecimiento suman el término recesión. La cuestión es cuánto se prolongará este estado. José Luis Rodríguez Zapatero prevé las primeras "señales de recuperación" para finales de 2009, pero no es una opinión que comparta todo el mundo. "Los gobiernos puede que tengan incluso la obligación de calmar los ánimos durante las crisis de confianza, pero no veo ningún dato que permita pensar en un crecimiento positivo a finales de año", comenta Jordi Galí, Doctor en Economía por el Massachussets Institute of Technology (MIT) y catedrático de la Pompeu Fabra. Para Galí, la clave sobre cuánto durará la recesión es "hasta qué punto se pone orden en el sector financiero y se crean condiciones para restablecer los flujos de crédito".
El "ajuste muy severo" sentenciado por el Banco de España -que enmendó por una décima, del 1,2% al 1,1%, el crecimiento estimado por el Gobierno en 2008- no se parece a la anterior recesión de 1993. Y su origen condiciona su duración y gravedad.
El quasi colapso del sistema financiero y la zozobra persistente marcan la actual. "Pero la crisis financiera ha enmascarado el efecto burbuja inmobiliaria, porque las burbujas se tienen que financiar", reflexiona el también doctor por el MIT y profesor del IESE Alfredo Pastor. "El reventón de la burbuja no sólo ha derivado en una crisis de liquidez, sino que ha dejado paso a una crisis de incertidumbre. Eso hace esta recesión más grave", añade.
El debilitamiento de la actividad se está cobrando como caza mayor el empleo, que en el cuarto trimestre cayó un 3% y que, según la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha convertido en "uno de los principales canales de propagación del ajuste hacia el resto de la economía". España tiene 1,28 millones de parados más que en 2007, y suman 3,2 millones. Y la escalada del desempleo trunca, junto a las dificultades para acceder al crédito, el "alivio" que el Banco de España reconoce que pueden sentir las familias por la bajada de precios (la inflación de diciembre, del 1,4%, es la más baja desde 1998), los cuatro recortes de tipos acometidos desde octubre por el Eurobanco (BCE) hasta el 2%, la bajada de las hipotecas (el Euríbor a un año acabará enero en 2,6%) o la bajada del crudo (el brent cotiza a 44 dólares frente a los 146 de julio).
Pese a los llamamientos de Zapatero, el consumo de los hogares en el último trimestre de 2008 registró "crecimiento nulo o negativo". Y globalmente, la demanda interna se desinfló un 2,4%. A la hora de gastar, sólo tira el gasto de las Administraciones Públicas, a un ritmo estable de más del 5%.
En el último trimestre, la inversión residencial se hundió un 20% en términos interanuales. "Colocar en el mercado millón y medio de viviendas requerirá al menos tres años", apunta Joan Casas, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, quien ya se daría con un canto en los dientes "si el panorama mejorara en 2010, porque para que la economía se recupere hacen falta expectativas, que no están ahí, y medidas que refuerzan la competitividad, que llevan su tiempo en dar frutos".
La actual recesión es la primera que vive España sin competencias sobre la devaluación de su moneda. "En los 90, la recuperación llegó del sector exterior", recuerda Galí. "No poder devaluar alargará la crisis, pero si tuviéramos que devaluar sería algo catastrófico", añade Pastor. El Banco de España ve "difícil" que el sector exterior (que cerró 2008 con su primera aportación positiva en 11 años) compense el descalabro de la demanda interna. A diferencia del 93, esta recesión asomó en una España de finanzas saneadas, pero se confirma en un país con un déficit del 3,4% y con previsiones de escalar al 5,8% este año. El supervisor lo justificó por los planes de reactivación del Gobierno, pero puntualizó que la ortodoxia presupuestaria sigue siendo ley y exigió reformas estructurales.
Los datos fueron munición para que el PP de Mariano Rajoy, subrayara "la inutilidad" del Gobierno ante la crisis. El PSOE replicó evocando "la inutilidad" de Rajoy para dominar las dos almas del PP.
ARIADNA TRILLAS
El Pais
8.1.09
De nuevo sobre el Modelo Sindical: El sindicalismo "confederal".
Francisco Gualda.
Enero 2009
En las organizaciones dinámicas, de vez en vez de vuelve a plantear su papel, y si bien es cierto que el inmovilismo se percibe como una rémora que es preciso atajar, la reorganización permanente del modelo tiene el riesgo de sustituir lo que funciona por lo imprevisible. De todas formas el debate es saludable, ofrece ideas, o por lo menos sirve para consolidar las que se vienen aplicando, siempre que se haga desde la lealtad y el compromiso con la propia organización, y sobre todo, con los intereses de los trabajadores que se representan.
Plantear y replantear el papel del sindicalismo confederal es necesario no sólo para disponer de la mejor herramienta posible al servicio de los intereses de los trabajadores, sino por la necesidad igualmente imperiosa de ajustarse a los cambios que se vienen produciendo en lo que se ha dado en llamar el sistema de relaciones laborales, y que en el ámbito en el que opera el sindicato confederal, traza su más amplio circulo de actuación hasta comprender el conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales.
Precisamente plantear el papel del sindicalismo confederal debería tener, como primer punto de inicio, delimitar cual ha de ser su función y cometidos, lo que no puede hacerse aisladamente, sino a partir de las cuestiones que se plantean a la hora de definir el correspondiente modelo de organización sindical.
1- El modelo organizativo.
Se podrían teorizar diversas opciones organizativas de los sindicatos, pero básicamente el modelo dual más simplificado sería el del sindicalismo de corte “sectorial”, entendiendo por tal el que se organiza alrededor de los intereses profesionales de los trabajadores de un determinado sector de actividad, y el sindicalismo “socio-político”, que acoge como objetivos estratégicos la intervención en las decisiones de naturaleza económica y política. Aquí los términos sindicalismo confederal o socio-politico los utilizamos como sinónimos, aunque es inexacto pues el modelo confederal o asociado representa una formula de integración de organizaciones sindicales de segundo grado, como luego veremos. Realmente el sindicato sectorial o el socio-político son diversas formulas organizativas sobre las que existe un cierto margen de capacidad autorganizativa, aunque tampoco conviene exagerar esa autodeterminación de las organizaciones, que son resultado, de forma esencial, de su devenir histórico en función de todo un complejo de decisiones combinadas con el entorno laboral, social, político y económico en el que despliegan su actividad.
Puestos a elegir, aunque pareciera que el modelo socio-político es el que más partidarios podría tener, dado que maximiza el ámbito del poder sindical, sin embargo no está exento de dificultades y limitaciones. Tiene una capacidad de implantación muy limitada cuando no opera en un contexto político proclive a su expansión, necesita de elementos ideológicos que sirvan de elemento común para unir a colectivos de trabajadores de orígenes profesionales muy diversos y que sea el cemento de unión para preservar a la organización en las tensiones que la acción confederal y la sectorial pueden generar en su interacción respectiva. Y siempre tendrá difícil competir con las organizaciones sindicales de base sectorial, incluso corporativa, que priorizan a corto y medio plazo, de forma absoluta, los intereses profesionales del colectivo que los apoya.
Diferente del sindicato como tal son las estructuras confederadas, o simplemente asociadas, en las que cada una de ellas preserva su capacidad de acción sindical independiente y su completa autonomía organizativa, no obstante lo cual, son capaces de diseñar determinadas estrategias comunes ante determinados problemas también comunes, pero que en sentido estricto, ni sociológico ni jurídico, funcionan como una propia organización sindical. Su legitimidad, entendida como capacidad para representar los intereses de los trabajadores es siempre indirecta, no están sometidas a la afiliación ni a la votación por los trabajadores que, no obstante representan, tienen una capacidad de formulación de propuestas muy limitada sobre aspectos concretos y con una capacidad de concreción tampoco muy precisa, además de estar sometidas a procesos notablemente complejos en la toma de decisiones. Esto hace que su capacidad de acción socio-política sea indirecta, y más que resultado de una fuerza sindical en sentido estricto, depende no sólo de la capacidad de actuación de cada organización que la integran, sino también del grado de compromiso que cada una de esas organizaciones tenga con el proyecto conjunto, que difícilmente puede alcanzar un nivel equivalente a lo que son sus objetivos propios y específicos. Desde este punto de vista, los modelos confederados o asociados representan un estadio avanzado del modelo sectorial, pero sin conformar una realidad sindical socio-política en sentido estricto. No obstante, el modelo de integración sindical internacional responde precisamente al sistema confederado o asociado, lo que no impide que abarque desde organizaciones socio-políticas en sentido estricto –seguramente las menos- a organizaciones típicamente sectoriales. Pero este modelo confederal es precisamente la regla general en la realidad sindical de cada país, donde son muy escasos los supuestos en los que los sindicatos en cuanto tales tienen una capacidad de intervención en los ámbitos sociales, económicos y políticos con arreglo a criterios unitarios.
Si hubiera que elegir un modelo, como pasa en tantas ocasiones, sería el dual, es decir, la organización sindical se ajusta a las necesidades que impone la defensa de los intereses sectoriales, pero dispone de mecanismos y recurso suficientes para convertirse en interlocutor socio-político que interviene, o tiene la disposición para ello, en el conjunto de materias que diseñan la política social y económica que repercute en el conjunto de la clase trabajadora. Este modelo tiene en su germen, como elemento innato, la tensión entre las estrategias sectoriales y socio-políticas, pues presupone una estructura compleja que es preciso organizar de forma eficaz para evitar las disfunciones que operan como líneas de tensión permanente. No sólo las base organizativa, sino la cultura sindical es la que opera como elemento de unión y que es capaz de orientar al conjunto de la organización, o las organizaciones, hacía objetivos comunes. Desde esta perspectiva, el sindicalismo confederal bien administrado es una poderosa línea de apoyo para el sindicalismo sectorial o federativo, y del mismo modo, la acción sindical de base sectorial es capaz de conformar la actuación del sindicato socio-político, dándole conocimiento cabal de la realidad en la que opera, preservando su esencia reivindicativa, y asegurando siempre la utilidad del sindicato para los trabajadores.
No creo que sea una disyuntiva real elegir entre el modelo sectorial y el socio-político. Más bien la realidad de los hechos es la que impone, pues la creación de una estructura sindical socio-política no está sujeta a la decisión o a la voluntad de nadie, y más que una voluntad de la organización de asumir tales funciones, se presenta como un estadio máximo de desarrollo de un modelo sindical, una vez alcanzado un elevado grado de implantación intersectorial, y una vez resueltas las tendencias a la dispersión que padecen las organizaciones. Realmente más que una voluntad organizativa, el sindicato socio-político es un resultado histórico muy concreto, casi irrepetible.
2- Los fines del sindicalismo confederal:
Lo que sirve para caracterizar la función sindical no es sólo el colectivo al que atiende o las estrategias que desarrolla, sino precisamente su función “defensiva” de unos concretos intereses, lo que no es sólo un elemento que atañe al sujeto sindical, sino que es un valor asumido por el modelo socio-político hasta el punto de que, al margen de la propia organización sindical, tales intereses no son asumidos como propios por ninguna otra estructura representativa, ni política ni social, sino a lo sumo de forma indirecta y coyuntural. El sindicato tiene un papel y todos esperan que lo represente. Es por ello que uno de los riesgos del sindicato confederal, derivado de la amplitud de sus objetivos, es precisamente perder la perspectiva de su función, hasta identificarse con la defensa del conjunto de los intereses sociales y económicos, lo que no seria criticable si no fuera porque ello supone, necesariamente, dejar de priorizar la defensa de los intereses específicos y concretos de la clase trabajadora. Esto haría que la acción socio-política resultante esté descompensada en detrimento precisamente de los trabajadores. Mientras que las organizaciones de base capitalista tiene plenamente identificado su objetivo único y fundamento de su existencia, como es la máximización del beneficio, mientras que las organizaciones políticas tiene asumido su código genético escrito con tres palabras, como es conquistar el poder, el sindicalismo es el resultado histórico de la lucha de la clase trabajadora que perfectamente se define cuando opera en contraposición con el interés del capital, pero que pierde líneas de identificación cuando opera en relación con otras estructuras socio-políticas, lo que es justamente el campo de juego del sindicalismo confederal.
Aun así, los intereses que asume el sindicalismo confederal o socio-político no se identifican con los “intereses generales”, concepto más abstracto que concreto que desempeña una serie de funciones, sobre todo a efectos de legitimar la acción pública, pero que es difuso y hasta inexistente podemos decir cuando se trata de atribuirle los caracteres de una categoría conceptual. En este punto la base ideológica del sindicalismo parece que lo ha tenido fácil: su función es la defensa de los intereses de la “clase trabajadora”, y por mucho que se pueda discutir sobre sus caracteres, los sujetos que la conforman, los elementos en común que tienen, los sujetos que la representan, lo cierto y fijo es que es una realidad social perfectamente identificable, al menos en su núcleo esencial aunque alguna de sus fronteras puede ser difusa, y que presenta una serie de objetivos e intereses comunes, igualmente identificables en la propia realidad social. Quiere esto decir que la defensa de los trabajadores, es, en esencia, el objetivo social del sindicato. Parecen pocas palabras, e incluso una escasa aportación a la tarea de delimitar la función del sindicalismo confederal, pero en realidad es una máxima con la que se debe enjuiciar toda decisión organizativa, toda estrategia negociadora o de confrontación, todo posicionamiento socio-político. Como decíamos, existen otras causas igualmente legítimas y en modo alguno están contrapuestas a la defensa de los trabajadores. El objetivo del sindicalismo confederal es precisamente buscar y encontrar la fórmula de equilibrio entre los intereses de los trabajadores más directos, y otros intereses que en ocasiones van en la misma dirección, y en otras justo en la contraria, aunque la más de las veces en ligera convergencia o divergencia, según el momento temporal sobre el que se efectúe la ponderación de tales intereses.
3- El modelo español de sindicalismo confederal.
Justamente una de las mayores características del sindicalismo español es su componente socio-política, es decir, la existencia de un sindicalismo confederal, resultado no de la espontánea actuación de las organizaciones sindicales que convergen en líneas de actuación comunes, que nunca alcanzará la asunción de poderes reales en la determinación de la organización, y nunca será percibida como el verdadero interlocutor de la clase trabajadora más allá de la miscelánea de las organizaciones que la componen, sino de unas muy concretas circunstancias en las que se produce la implantación sindical tras la Dictadura franquista, y el enorme esfuerzo organizativo desarrollado por un conjunto de militantes en las formaciones políticas de izquierdas – Partido Comunista, Partido Socialista- que asumen la cultura sindical tal y como se había conformado en la República, directamente heredera de los albores del sindicalismo.
En efecto, el sindicalismo confederal que tenemos en España es probable que sea un resto de la historia, un dinosaurio que ha sobrevivido a los tiempos, hibernado durante casi cuarenta años hasta llegar a una época en la que, no nos engañemos, es un candidato a la extinción si no valoramos en toda su dimensión la excepcional pieza en que consiste al servicio de los intereses de los trabajadores. Una mirada alrededor permite comprender lo irrepetible del modelo español, capaz de crear organizaciones sindicales, que se configuran como verdaderos interlocutores políticos en materias más allá del interés profesional, con verdadera influencia social, y cuyo potencial pleno seguramente falte mucho por aprovechar, pero que hoy por hoy es la principal herramienta de que dispone la clase trabajadora en hacer valer sus intereses y sus aspiraciones para conformar la realidad laboral, económica y social.
Estas ideas que hemos venido manejando ni son muy nuevas, ni muy tampoco muy precisas, pero no hemos podido hacer con menos palabras una primera aproximación al papel del sindicalismo confederal, que era de lo que se trataba.
--------------------
Francisco Gualda es Abogado Laboralista, y ya desarrollado su actividad profesional en el ámbito del Sindicato CC.OO.
En las organizaciones dinámicas, de vez en vez de vuelve a plantear su papel, y si bien es cierto que el inmovilismo se percibe como una rémora que es preciso atajar, la reorganización permanente del modelo tiene el riesgo de sustituir lo que funciona por lo imprevisible. De todas formas el debate es saludable, ofrece ideas, o por lo menos sirve para consolidar las que se vienen aplicando, siempre que se haga desde la lealtad y el compromiso con la propia organización, y sobre todo, con los intereses de los trabajadores que se representan.
Plantear y replantear el papel del sindicalismo confederal es necesario no sólo para disponer de la mejor herramienta posible al servicio de los intereses de los trabajadores, sino por la necesidad igualmente imperiosa de ajustarse a los cambios que se vienen produciendo en lo que se ha dado en llamar el sistema de relaciones laborales, y que en el ámbito en el que opera el sindicato confederal, traza su más amplio circulo de actuación hasta comprender el conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales.
Precisamente plantear el papel del sindicalismo confederal debería tener, como primer punto de inicio, delimitar cual ha de ser su función y cometidos, lo que no puede hacerse aisladamente, sino a partir de las cuestiones que se plantean a la hora de definir el correspondiente modelo de organización sindical.
1- El modelo organizativo.
Se podrían teorizar diversas opciones organizativas de los sindicatos, pero básicamente el modelo dual más simplificado sería el del sindicalismo de corte “sectorial”, entendiendo por tal el que se organiza alrededor de los intereses profesionales de los trabajadores de un determinado sector de actividad, y el sindicalismo “socio-político”, que acoge como objetivos estratégicos la intervención en las decisiones de naturaleza económica y política. Aquí los términos sindicalismo confederal o socio-politico los utilizamos como sinónimos, aunque es inexacto pues el modelo confederal o asociado representa una formula de integración de organizaciones sindicales de segundo grado, como luego veremos. Realmente el sindicato sectorial o el socio-político son diversas formulas organizativas sobre las que existe un cierto margen de capacidad autorganizativa, aunque tampoco conviene exagerar esa autodeterminación de las organizaciones, que son resultado, de forma esencial, de su devenir histórico en función de todo un complejo de decisiones combinadas con el entorno laboral, social, político y económico en el que despliegan su actividad.
Puestos a elegir, aunque pareciera que el modelo socio-político es el que más partidarios podría tener, dado que maximiza el ámbito del poder sindical, sin embargo no está exento de dificultades y limitaciones. Tiene una capacidad de implantación muy limitada cuando no opera en un contexto político proclive a su expansión, necesita de elementos ideológicos que sirvan de elemento común para unir a colectivos de trabajadores de orígenes profesionales muy diversos y que sea el cemento de unión para preservar a la organización en las tensiones que la acción confederal y la sectorial pueden generar en su interacción respectiva. Y siempre tendrá difícil competir con las organizaciones sindicales de base sectorial, incluso corporativa, que priorizan a corto y medio plazo, de forma absoluta, los intereses profesionales del colectivo que los apoya.
Diferente del sindicato como tal son las estructuras confederadas, o simplemente asociadas, en las que cada una de ellas preserva su capacidad de acción sindical independiente y su completa autonomía organizativa, no obstante lo cual, son capaces de diseñar determinadas estrategias comunes ante determinados problemas también comunes, pero que en sentido estricto, ni sociológico ni jurídico, funcionan como una propia organización sindical. Su legitimidad, entendida como capacidad para representar los intereses de los trabajadores es siempre indirecta, no están sometidas a la afiliación ni a la votación por los trabajadores que, no obstante representan, tienen una capacidad de formulación de propuestas muy limitada sobre aspectos concretos y con una capacidad de concreción tampoco muy precisa, además de estar sometidas a procesos notablemente complejos en la toma de decisiones. Esto hace que su capacidad de acción socio-política sea indirecta, y más que resultado de una fuerza sindical en sentido estricto, depende no sólo de la capacidad de actuación de cada organización que la integran, sino también del grado de compromiso que cada una de esas organizaciones tenga con el proyecto conjunto, que difícilmente puede alcanzar un nivel equivalente a lo que son sus objetivos propios y específicos. Desde este punto de vista, los modelos confederados o asociados representan un estadio avanzado del modelo sectorial, pero sin conformar una realidad sindical socio-política en sentido estricto. No obstante, el modelo de integración sindical internacional responde precisamente al sistema confederado o asociado, lo que no impide que abarque desde organizaciones socio-políticas en sentido estricto –seguramente las menos- a organizaciones típicamente sectoriales. Pero este modelo confederal es precisamente la regla general en la realidad sindical de cada país, donde son muy escasos los supuestos en los que los sindicatos en cuanto tales tienen una capacidad de intervención en los ámbitos sociales, económicos y políticos con arreglo a criterios unitarios.
Si hubiera que elegir un modelo, como pasa en tantas ocasiones, sería el dual, es decir, la organización sindical se ajusta a las necesidades que impone la defensa de los intereses sectoriales, pero dispone de mecanismos y recurso suficientes para convertirse en interlocutor socio-político que interviene, o tiene la disposición para ello, en el conjunto de materias que diseñan la política social y económica que repercute en el conjunto de la clase trabajadora. Este modelo tiene en su germen, como elemento innato, la tensión entre las estrategias sectoriales y socio-políticas, pues presupone una estructura compleja que es preciso organizar de forma eficaz para evitar las disfunciones que operan como líneas de tensión permanente. No sólo las base organizativa, sino la cultura sindical es la que opera como elemento de unión y que es capaz de orientar al conjunto de la organización, o las organizaciones, hacía objetivos comunes. Desde esta perspectiva, el sindicalismo confederal bien administrado es una poderosa línea de apoyo para el sindicalismo sectorial o federativo, y del mismo modo, la acción sindical de base sectorial es capaz de conformar la actuación del sindicato socio-político, dándole conocimiento cabal de la realidad en la que opera, preservando su esencia reivindicativa, y asegurando siempre la utilidad del sindicato para los trabajadores.
No creo que sea una disyuntiva real elegir entre el modelo sectorial y el socio-político. Más bien la realidad de los hechos es la que impone, pues la creación de una estructura sindical socio-política no está sujeta a la decisión o a la voluntad de nadie, y más que una voluntad de la organización de asumir tales funciones, se presenta como un estadio máximo de desarrollo de un modelo sindical, una vez alcanzado un elevado grado de implantación intersectorial, y una vez resueltas las tendencias a la dispersión que padecen las organizaciones. Realmente más que una voluntad organizativa, el sindicato socio-político es un resultado histórico muy concreto, casi irrepetible.
2- Los fines del sindicalismo confederal:
Lo que sirve para caracterizar la función sindical no es sólo el colectivo al que atiende o las estrategias que desarrolla, sino precisamente su función “defensiva” de unos concretos intereses, lo que no es sólo un elemento que atañe al sujeto sindical, sino que es un valor asumido por el modelo socio-político hasta el punto de que, al margen de la propia organización sindical, tales intereses no son asumidos como propios por ninguna otra estructura representativa, ni política ni social, sino a lo sumo de forma indirecta y coyuntural. El sindicato tiene un papel y todos esperan que lo represente. Es por ello que uno de los riesgos del sindicato confederal, derivado de la amplitud de sus objetivos, es precisamente perder la perspectiva de su función, hasta identificarse con la defensa del conjunto de los intereses sociales y económicos, lo que no seria criticable si no fuera porque ello supone, necesariamente, dejar de priorizar la defensa de los intereses específicos y concretos de la clase trabajadora. Esto haría que la acción socio-política resultante esté descompensada en detrimento precisamente de los trabajadores. Mientras que las organizaciones de base capitalista tiene plenamente identificado su objetivo único y fundamento de su existencia, como es la máximización del beneficio, mientras que las organizaciones políticas tiene asumido su código genético escrito con tres palabras, como es conquistar el poder, el sindicalismo es el resultado histórico de la lucha de la clase trabajadora que perfectamente se define cuando opera en contraposición con el interés del capital, pero que pierde líneas de identificación cuando opera en relación con otras estructuras socio-políticas, lo que es justamente el campo de juego del sindicalismo confederal.
Aun así, los intereses que asume el sindicalismo confederal o socio-político no se identifican con los “intereses generales”, concepto más abstracto que concreto que desempeña una serie de funciones, sobre todo a efectos de legitimar la acción pública, pero que es difuso y hasta inexistente podemos decir cuando se trata de atribuirle los caracteres de una categoría conceptual. En este punto la base ideológica del sindicalismo parece que lo ha tenido fácil: su función es la defensa de los intereses de la “clase trabajadora”, y por mucho que se pueda discutir sobre sus caracteres, los sujetos que la conforman, los elementos en común que tienen, los sujetos que la representan, lo cierto y fijo es que es una realidad social perfectamente identificable, al menos en su núcleo esencial aunque alguna de sus fronteras puede ser difusa, y que presenta una serie de objetivos e intereses comunes, igualmente identificables en la propia realidad social. Quiere esto decir que la defensa de los trabajadores, es, en esencia, el objetivo social del sindicato. Parecen pocas palabras, e incluso una escasa aportación a la tarea de delimitar la función del sindicalismo confederal, pero en realidad es una máxima con la que se debe enjuiciar toda decisión organizativa, toda estrategia negociadora o de confrontación, todo posicionamiento socio-político. Como decíamos, existen otras causas igualmente legítimas y en modo alguno están contrapuestas a la defensa de los trabajadores. El objetivo del sindicalismo confederal es precisamente buscar y encontrar la fórmula de equilibrio entre los intereses de los trabajadores más directos, y otros intereses que en ocasiones van en la misma dirección, y en otras justo en la contraria, aunque la más de las veces en ligera convergencia o divergencia, según el momento temporal sobre el que se efectúe la ponderación de tales intereses.
3- El modelo español de sindicalismo confederal.
Justamente una de las mayores características del sindicalismo español es su componente socio-política, es decir, la existencia de un sindicalismo confederal, resultado no de la espontánea actuación de las organizaciones sindicales que convergen en líneas de actuación comunes, que nunca alcanzará la asunción de poderes reales en la determinación de la organización, y nunca será percibida como el verdadero interlocutor de la clase trabajadora más allá de la miscelánea de las organizaciones que la componen, sino de unas muy concretas circunstancias en las que se produce la implantación sindical tras la Dictadura franquista, y el enorme esfuerzo organizativo desarrollado por un conjunto de militantes en las formaciones políticas de izquierdas – Partido Comunista, Partido Socialista- que asumen la cultura sindical tal y como se había conformado en la República, directamente heredera de los albores del sindicalismo.
En efecto, el sindicalismo confederal que tenemos en España es probable que sea un resto de la historia, un dinosaurio que ha sobrevivido a los tiempos, hibernado durante casi cuarenta años hasta llegar a una época en la que, no nos engañemos, es un candidato a la extinción si no valoramos en toda su dimensión la excepcional pieza en que consiste al servicio de los intereses de los trabajadores. Una mirada alrededor permite comprender lo irrepetible del modelo español, capaz de crear organizaciones sindicales, que se configuran como verdaderos interlocutores políticos en materias más allá del interés profesional, con verdadera influencia social, y cuyo potencial pleno seguramente falte mucho por aprovechar, pero que hoy por hoy es la principal herramienta de que dispone la clase trabajadora en hacer valer sus intereses y sus aspiraciones para conformar la realidad laboral, económica y social.
Estas ideas que hemos venido manejando ni son muy nuevas, ni muy tampoco muy precisas, pero no hemos podido hacer con menos palabras una primera aproximación al papel del sindicalismo confederal, que era de lo que se trataba.
--------------------
Francisco Gualda es Abogado Laboralista, y ya desarrollado su actividad profesional en el ámbito del Sindicato CC.OO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)