En el actual contexto de crisis económica, el dialogo social ha encontrado el más profundo de sus obstáculos en la insistencia empresarial sobre dos pretensiones: rebajar los costes del despido improcedente, y rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Facilitar el despido se presenta sin sonrojo como una medida para garantizar la reactivación económica, pero no hacen falta muchas explicaciones para comprende la magnitud que esto supone para los derechos de los trabajadores, no solo en cuanto elimina la estabilidad en el empleo, sino que además, coarta el ejercicio de todo el conjunto de derechos laborales al depender del puro voluntarismo empresarial, la continuación del contrato de trabajo.
Sin embargo, la pretensión empresarial de rebajar las cotizaciones sociales, como elemento para reducir los costes laborales y favorecer la contratación, si que merece una explicación más detenida sobre sus efectos económicos, y como repercutiría en el sistema público de Seguridad Social. El propio Gobierno ha ido avanzando posiciones hasta admitir una rebaja de medio punto con cargo a las cotizaciones por accidente de trabajo, lo que es insuficiente para la patronal que se mantiene en su petición de rebaja de 5 puntos. Los efectos sobre la financiación de la Seguridad Social se compensarían con un incremento del IVA.
Poniendo números a tales medidas, se observa lo siguiente: La rebaja de cotizaciones que admite el Gobierno de 0,5 puntos significa, en la práctica, unos 1.600 millones de Euros para las empresas. Pero lo que solicita la patronal es en la práctica, más de diez veces esa cifra, es decir, 18.000 millones de euros como ha calculado el Gobierno (3 billones de pesetas). Aclaremos que el importe que se reclama, no es una rebaja del 5% de las cotizaciones, sino una rebaja de 5 puntos en los tipos de cotización sobre el salario. En realidad, implica una minoración de más del 21% en la cotización empresarial por contingencias comunes, lo que significa, igualmente, que disminuye la financiación de la Seguridad Social en una quinta parte.
El empresario recibiría unos 1.200 euros al año por cada trabajador de su plantilla. Es una cifra muy alta, representa por ejemplo, 3 veces el gasto fiscal en la deducción de 400 euros por cada trabajador en el IRPF, en un contexto en el que se plantea su supresión o reducción para ahorrar gasto público.
¿Cuál es el destino de esta cantidad? Directamente, las cuentas de resultados de las empresas, o lo que es lo mismo, incremento del beneficio empresarial. El que finalmente el empresario utilice el dinero en inversión, o simplemente en diversión, es su opción personal, y la ciencia económica no puede determinar el destino último de tales recursos económicos.
Pero lo más grave son las consecuencias que tal medida tendría en las cuentas de la Seguridad Social. Genera un déficit automático y además, en cinco años se consumiría el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de modo que no habría recursos suficientes para atender el pago de las pensiones. Y si se carga sobre el IVA, lo que supone un cambio de modelo de financiación, implicaría que los precios tendrían que subir en la misma proporción, lo que genera una serie de efectos: Reduce automáticamente el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones; deprime el consumo y por tanto, aceleraría el hundimiento de la actividad económica en un contexto de plena recesión; lo que a su vez incrementa el desempleo, reduce las aportaciones a la Seguridad Social e incrementa los gastos de atención a los desempleados.
En definitiva, lo que plantea la patronal es un incremento del beneficio empresarial, cifrado en 18.000 millones de euros anuales (tres billones de pesetas) que pone en tela de juicio la viabilidad del sistema de Seguridad Social, obliga a tomar medidas que aceleran la recesión económica, el reparto desigual de la riqueza y generan desempleo. Hay que reconocer que la patronal española tendrá muchos defectos, pero cuando piden, piden a lo grande.
Francisco Gualda
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